La lucha conjunta contra el fraude laboral recuperó 257 millones en 2014

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron 69 vehículos, 35 inmuebles y 11 sociedades en distintas operaciones contra el fraude.

El volumen de fraude descubierto en España por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social superó los 257 millones de euros en las operaciones llevadas a cabo en 2014, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo.

En concreto, la policía y la guardia civil detuvieron e imputaron durante 2014 a 4.631 personas en 46.304 investigaciones realizadas en materia de fraude a la Seguridad Social, lo que supone un aumento del 7,4 % respecto a 2013.

Además, fruto del trabajo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se detectaron 9.822 infracciones, lo que significa un incremento del 16,8 % respecto a 2013. Las investigaciones en las que se detectaron el mayor número de fraudes a la Seguridad Social estaban ubicadas en Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

A lo largo del pasado año, se encontraron 1.576 trabajadores irregulares en España y 60 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los empleos aflorados en 2014 por las actuaciones inspectoras fueron 9.170, lo que supone un aumento del 25 % respecto a 2013.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron 69 vehículos, 35 inmuebles y 11 sociedades en distintas operaciones contra el fraude realizadas en 2014, que pusieron al descubierto la existencia de 2.843 empresas ficticias.

Todos estos datos fueron analizados esta semana por los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en virtud del convenio de colaboración que suscribieron en abril de 2013 en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular en España. Este convenio busca dar respuesta a la necesidad de intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas.