La OCU reclama más de 7,5 millones de euros por la resolución del Banco Popular

Presenta su primera demanda civil contra la entidad en representación de 300 socios. Advierte de que más de la mitad de los afectados todavía no han reclamado

Oficina de Banco Popular

Presenta su primera demanda civil contra la entidad en representación de 300 socios. Advierte de que más de la mitad de los afectados todavía no han reclamado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado su primera demanda civil en defensa de 300 socios afectados por la resolución del Banco Popular en 2017. La demanda tiene como objetivo recuperar las cantidades invertidas en la ampliación de capital de la entidad en 2016 o en el mercado secundario. Los afectados piden la devolución de las cantidades invertidas o la indemnización por daños con los intereses legales. En total, reclama un importe de más de 7,5 millones de euros, a los que hay que sumar intereses y costas.

La demanda se fundamenta en “la ocultación que se hizo a los accionistas de la situación financiera real de la entidad, y que provocó un año más tarde la resolución del banco y la pérdida de la inversión”, según explica la OCU en un comunicado. Con esta demanda, la OCU completa todas las acciones posibles, ya que también ha presentado querellas en el ámbito penal y en la vía contencioso-administrativa. “Hemos hecho todo lo posible en todas las jurisdicciones para obtener el dinero que han perdido”, ha asegurado la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, a la salida de los Juzgados de Móstoles. Aunque esta demanda representa a más de 300 afectados, más de la mitad todavía no han reclamado, según los cálculos de la OCU. Desde la organización esperan obtener la primera sentencia dentro de un año y medio y lamentan “la lentitud de la Justicia en resolver estos procedimientos”, pero confía en que finalmente se reconozca el derecho de los accionistas a recuperar su dinero.

La demanda civil llega en el momento “idóneo” porque ahora existen pruebas “más que suficientes” de que los accionistas que invirtieron sus ahorros en la entidad lo hicieron “engañados” como consecuencia de la “grave inexactitud de los datos financieros ofrecidos al mercado y a los consumidores por el Banco Popular”, explicó Eliseo Martínez, abogado de Ius Aequitas, que representa a los afectados.