La UE acusa a España de abusar de la contratación pública «a dedo»

En su informe sobre el país de 2017, señala a esta práctica como uno de los factores que limitan la eficacia del gasto público

Un solo folio. Eso es lo que dedica el Informe España 2017 de la Comisión Europea a la contratación pública. Pero en tan limitado espacio físico, Bruselas desgrana una retahíla de disfunciones que, a su juicio, hacen que el sistema español sea menos eficiente de lo que podría ser. Entre las anomalías detectadas destaca lo que considera un abuso de la contratación “a dedo”. El documento señala que “España se distingue por un uso relativamente elevado del procedimiento negociado sin publicación previa, lo que se traduce en una falta de apertura a la competencia a escala de la UE y con frecuencia conduce a una adjudicación directa”. Según sus datos, las administraciones públicas españolas adjudicaron el año pasado el 11% de sus contratos a través de este procedimiento, lo que le coloca como el octavo país de la Unión que más lo utiliza.

El procedimiento negociado sin publicación previa se emplea para contratos de obra o servicio pequeños, de cuantías inferiores a los 200.000 euros o a los 60.000 euros, respectivamente. También se recurre a él cuando algún concurso queda desierto y se considera necesario cubrirlo. Para adjudicar el trabajo, la administración implicada invita a tres empresas del sector de reconocida solvencia a que presenten ofertas y, después, selecciona la que se considera más adecuada, casi siempre atendiendo a criterios económicos. Según explican fuentes empresariales, estos contratos se crearon “pensando en administraciones pequeñas con pocos recursos, como los ayuntamientos, pues administrativamente son más sencillos de gestionar que un concurso al uso”. El problema, añaden, es que se ha hecho un uso perverso de los mismos. “Ahora se controla más, pero antes era muy frecuente que grandes contratos, sobre todo de infraestructuras, se troceasen en varios más pequeños para que después la administración de turno se lo adjudicase a través de este sistema a quien quisiera sin necesidad de tener que convocar un concurso”, explican las fuentes.

El hecho de que el Gobierno estuviera el año pasado en funciones en España podría explicar, a juicio de los consultados, buena parte de los contratos que se adjudicaron por este sistema. “Fue un ejercicio atípico, en el que no se sacaron a concurso grandes contratos porque las funciones del Ejecutivo estuvieron limitadas. Sólo se fueron gestionando pequeños contratos de cuantía limitada que lo más probable es que se adjudicaran por el procedimiento negociado sin publicidad”, añaden.

El método de contratación no es la única anomalía detectada por la UE. La Comisión también reprocha a España el escaso control anterior y posterior a las adjudicaciones sobre las administraciones que conceden los contratos. “Así lo evidencia el elevado volumen de investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en la contratación pública, así como el número de denuncias presentadas ante la Comisión que se saldan con investigaciones y procedimientos de infracción”, dice el informe. Asimismo, el Ejecutivo comunitario le recrimina que no exista una política de contratación pública coherente que asegure la transparencia, la eficacia económica y la competencia del sistema. En este punto, echa de menos un organismo independiente que garantice estos principios. Dentro del paquete de medidas que el Gobierno proyecta aprobar para mejorar la contratación pública a instancias de la UE, se incluye la creación de la Oficina Nacional de Evaluación, un organismo pensado para analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos. A la Comisión, sin embargo, no le parece que con este organismo vayan a mejorar mucho las cosas. En su opinión, el problema ya no es sólo que se vaya a limitar a realizar controles anteriores a la adjudicación no vinculantes, sino que carece de recursos. “Las medidas no son capaces de hacer frente a la escasez de personal en los organismos pertinentes ex ante en los diferentes niveles de las administraciones públicas ni de garantizar la independencia de los organismos pertinentes a nivel subcentral que realizan esos controles”, concluye.