Las cajas deberán ser fundaciones a final de 2014

Será obligatorio para las que posean más del 50% del banco al que dieron origen, según la nueva ley La normativa no limita las retribuciones a los directivos

Este año entrará en vigor la nueva ley de cajas
Este año entrará en vigor la nueva ley de cajas

Si de algo adolecían la mayoría de las cajas de ahorros cuando se desató la crisis es de reservas para afrontarla y, en muchos casos, de los directivos apropiados para pilotarlas. Por eso, el anteproyecto de la nueva ley de cajas y fundaciones bancarias hace especial hincapié en ambos aspectos para que, en un futuro, no haya que lamentar errores como los del pasado.

Para asegurar la solvencia de las cajas, la nueva normativa establece que las fundaciones bancarias nacidas de las reconversiones de las antiguas cajas de ahorros que tengan, como mínimo, una participación de un 30% en una entidad de crédito deberán presentar al Banco de España un plan financiero que especifique la forma en que harían frente a «posibles necesidades de capital en las que pudiera incurrir la entidad en la que participan» y los criterios básicos de inversión. En el caso de que la participación supere el 50%, deberá ir acompañado de un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos y de un fondo de reserva. Su cuantía la determinará el supervisor según «el valor de los activos ponderados por riesgos de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria de la entidad», añade la ley.

Economía no quiere que esta hucha contra imprevistos acabe perdida en complejos productos, por lo que obligará a las cajas a invertirlo «en instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia».

Si se aplica la normativa, tan sólo las cajas de Pollensa y Ontinyent se quedarán como cajas de ahorros al uso. El resto, entre las que se encuentran Ibercaja, Unicaja, La Kutxa y La Caixa, deberán convertirse en fundaciones bancarias. El anteproyecto obliga a reconvertirse a aquellas cajas cuyos activos superen los 10.000 millones o cuya cuota de mercado de depósitos de la comunidad autónoma sea superior al 35% del total de depósitos de dicha región.

El otro gran aspecto en el que la nueva norma hace hincapié es en el de la competencia y preparación de los directivos de las cajas. Economía no quiere que se repitan escenas tan bochornosas como las que han ofrecido algunos antiguos directivos de cajas que han desfilado por sedes parlamentarias reconociendo su absoluta falta de preparación. El texto establece que deben cumplir una serie de requisitos de honorabilidad, experiencia, compatibilidad –no se podrá ser consejero de una fundación y de la entidad de la que sea accionista– y preparación, que serán vigilados por las comisiones de retribuciones y nombramientos de las cajas y por el Banco de España. A partir de ahora, los miembros de sus consejos de administración y directores generales y asimilados deberán acreditar experiencia práctica en el cargo, así como una formación y perfil adecuados para el mismo.

Si se detecta alguna deficiencia, el Banco de España podrá requerir la separación temporal o definitiva o la subsanación de las deficiencias halladas. No será motivo de veto que un candidato esté imputado o sea objeto de una investigación relevante. «El Banco de España tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, éstas para determinar la idoneidad de una persona, para lo que tendrá un plazo de diez días», explicaron fuentes de Economía, que aclararon que estos requisitos sobre honorabilidad, experiencia e incompatibilidades serán extensibles a todas las entidades financieras.

Uno de las asuntos que más polémica pública han suscitado es el de los salarios de los directivos de las cajas, especialmente los de las que han tenido que recibir ayudas públicas. La última reforma financiera limitó los salarios de los dirigentes de estas cajas a un máximo de 600.000 euros. La nueva norma no introduce novedades al respecto. Aunque obliga a presentar al Banco de España un informe anual sobre su gobierno corporativo, no contempla un límite superior a las remuneraciones.

La normativa ha sido consensuada por el Gobierno con Bruselas por ser uno de los requisitos recogidos en el acuerdo (MoU) para la recapitalización del sistema financiero. Economía espera que entre en vigor antes de que acabe el año y, si se cumplen los plazos, antes de finales de 2014 las cajas se habrán reconvertido en fundaciones.