Las CC AA, por un concepto de agricultor activo más amplio

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete

Una mayoría de comunidades autónomas se ha decantado hasta ahora por no aplicar restricciones adicionales a las establecidas desde Bruselas a la hora de definir el concepto de agricultor activo.

Esta es la conclusión más importante que se desprende de los debates que han tenido lugar hasta el momento entre los representantes de la Administración Central y de las consejerías de Agricultura, en el seno de los grupos de trabajo creados para negociar la aplicación de la nueva PAC en España, que llevan reuniéndose desde principios de septiembre.

La definición de agricultor y ganadero activo es uno de los puntos que, en principio, genera más polémica, ya que son los únicos que podrán cobrar las ayudas directas de la Política Agraria Común y hay algunos sectores que quieren establecer muchas limitaciones vinculadas a la pertenencia al régimen especial agrario de la Seguridad Social o a la fiscalidad.

Sin embargo, y según se desprende de los contactos que han tenido lugar hasta ahora, se perfila una mayoría a favor de no ampliar la lista negativa elaborada por la Comisión Europea, incluida en el acuerdo de los ministros sobre la reforma de la PAC, a la hora de redactar la definición de agricultor activo.

Esta «lista negativa» establece solamente que no podrán solicitar ayudas las compañías que gestionan aeropuertos, ferrocarriles, inmobiliarias, centros deportivos y depuradoras de agua. Sin embargo, no se incluye en la relación al resto de empresas, aunque la agraria no sea su actividad principal, ni tampoco a los jubilados, dos de los caballos de batalla de los sectores partidarios de limitar mucho la definición de agricultor activo y dejarla reducida casi a los que se «suben al tractor, ordeñan las vacas o echan de comer a las ovejas», por utilizar expresiones populares.

Los responsables del Ministerio de Agricultura quieren que se llegue a un acuerdo global sobre la aplicación en España de la reforma de la PAC antes de que acabe este año. Además de la definición de agricultor activo, se deben establecer también los mecanismos para limitar la superficie con derecho a recibir las ayudas establecidas en la PAC y el procedimiento para asignar los nuevos derechos de pago básico.

Otro de los puntos sobre los que se debe adoptar una decisión es la relación de los sectores que contarán con ayuda acoplada, vinculada a la producción y el mantenimiento de la actividad.

El acuerdo alcanzado por los ministros y el Parlamento Europeo deja libertad a los estados miembros dentro de una amplia lista establecida desde Bruselas. Mientras tanto, una buena parte de las comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, entre otras) ha comenzado a abonar el anticipo de las ayudas solicitadas en 2013 y que se paga con cargo al ejercicio presupuestario de la Unión Europea, que se inició el pasado día 16. El importe del citado adelanto es de hasta el 50% del pago básico por explotación.

El dinero comenzará a llegar a las cuentas de los beneficiarios en los próximos días. El FEGA transfirió la semana pasada 1.354 millones de euros y éste enviará a las comunidades otros 741 millones.