Las herencias en favor del Estado se destinarán a fines sociales

Hacienda anuncia que el dinero de las herencias en favor del Estado se sumará al 0,7 % del IRPF para fines sociales.

El Gobierno ha dado un nuevo giro para impulsar la asignación presupuestaria a fines sociales y ha establecido que el dinero de las herencias en favor del Estado se sume al 0,7 % del IRPF para fines sociales.

Desde el siglo XIX, el Código Civil recogía que en las herencias sin testamento, dos terceras partes fueran a parar a instituciones municipales y provinciales "de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales"del domicilio del fallecido.

Con la nueva redacción del Código Civil impulsada por el Gobierno, este dinero pasa a añadirse a los fondos que se nutren de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF para fines sociales.

Este cambio permite un mejor control del destino de los fondos y un reparto más equitativo basado en un planteamiento integral de la acción social, según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado remitido hoy.

Además, gracias a una enmienda presentada en el Congreso por el Grupo Popular, las cuentas corrientes y los depósitos en entidades que se dan por abandonados si no tienen movimiento durante veinte años también se destinarán a fines sociales.

Hasta ahora, el Estado pasaba a ser automáticamente el dueño del dinero y demás bienes muebles sin movimiento durante más de dos décadas depositados en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, así como de los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares en estos establecimientos.

Pero con el objetivo de regular el destino de este dinero y que sirva para financiar una convocatoria de ayudas a la educación de personas con discapacidad, el Grupo Popular propuso incorporar una enmienda a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, según el texto al que tuvo acceso Efe.

El Gobierno señala que ambas medidas legales se inscriben en su "decidido propósito"de impulsar las políticas sociales destinadas a luchar contra la desigualdad y favorecer la inclusión social y, Hacienda asegura, que han sido muy valoradas por las organizaciones representativas de los sectores más directamente afectados, como, por ejemplo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.