Las sanciones a Uber y Cabify se disparan un 350%

Las sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC), los utilizados por compañías como Uber y Cabify, se dispararon el año pasado un 350% con respecto a 2016.

Las sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC), los utilizados por compañías como Uber y Cabify, se dispararon el año pasado un 350% con respecto a 2016. Así lo asegura Fedetaxi, la principal asociación del sector del taxi, que cita las cifras de ejecución del Plan de Inspección de Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento como fuente del dato. Según Fedetaxi, el dato se lo han transmitido hoy mismo desde este departamento en una reunión para valorar esta herramienta. Fedetaxi asegura también que, gracias a los esfuerzos de la administración, las inspecciones el año pasado se incrementaron un 1.500%.

Las sanciones a que se refiere Fedetaxi no son por infracciones a la hora de circular sino por incumplimientos de la normativa que regula el sector del taxi, como la prohibición de que los VTC puedan recoger pasajeros en la vía pública sin previa contratación del servicio por vía telemática o que presten más de un 20% de sus servicios trimestrales fuera de la comunidad autónoma donde tienen su base. Para evitar que se incumplan estas normas, Fedetaxi reclama que se ponga en marcha de forma inmediata el registro digital único aprobado en diciembre por el Gobierno. Esta herramienta está pensada para evitar esa recogida de viajeros en la vía pública y también para controlar que se cumpla la regla de habitualidad del 20%.

La norma del 20%, así como la proporción de que haya una licencia de vehículos VTC por cada 30 de taxi, son dos de las medidas que el Gobierno ha blindado a través de una real decreto-ley que está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados. Su paso por la Cámara Baja parece un mero trámite, pues todos los partidos están de acuerdo en fijar estos límites para regular la actividad del sector VTC en España. La normativa se ha aprobado en pleno proceso de deliberación por parte del Tribunal Supremo sobre estos dos puntos. La Comisión Nacinal de Mercados y Competencia (CNMC) denunció el decreto-ley que originalmente contenía ambos preceptos ante el Alto Tribunal por considerar que introducían trabas a la competencia que van en perjuicio de los usuarios porque entiende este organismo que encarecen los precios. Por ello, Competencia ha solicitado la liberalización total del sector. Ahora, aunque decida en tal sentido, su decisión puede quedar en nada, pues tanto la habitualidad como la ratio 1/30 forman ya parte de una ley, de rango superior al decreto-ley en que estaban antes, que sólo puede ser recurrida en el Constitucional.