El plan de Sánchez para las pensiones, un gasto astronómico para el Estado

Un informe de Fedea calcula que ligarlas al IPC dispararía su coste hasta los 327.000 millones y pide que no se garantice el poder adquisitivo de las prestaciones «a cualquier precio»

Si el martes fue el Banco de España el que urgía a reformar las pensiones antes de que el envejecimiento de la población lo complique, ayer fue la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la que volvió a meter el dedo en esta llaga tan sangrante para las cuentas públicas. Después de que todos los partidos hayan claudicado a la presión pública en favor de revalorizar las pensiones con el IPC en lugar de ligarlas al Índice de Revalorización (IRP), este prestigioso «think tank» económico advirtió en un informe de que la prioridad no puede ser mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a cualquier precio. Y menos si éste puede alcanzar la cifra de los 327.000 millones de euros en las próximas décadas.

La decisión de Mariano Rajoy de pactar los Presupuestos de 2018 con el PNV a cambio de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC supuso la suspensión del IRP aprobado en 2013. Este registro liga la subida de estas prestaciones a la situación financiera de la Seguridad Social. La mayoría de los analistas coinciden en que, en las circunstancias actuales, su aplicación habría supuesto la cuasi-congelación de las pensiones durante décadas. Las prestaciones habrían crecido un 0,25% anual, lo que, incluso con tasas modestas de inflación, habría supuesto una gran pérdida de poder adquisitivo durante la vida de sus beneficiarios.

Ahora, como asegura Fedea en el informe «¿Cuánto cuesta actualizar las pensiones con la inflación?», elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, parece que hay un consenso entre los partidos para derogar de modo definitivo del IRP. El problema, advierte, es que ligar las pensiones sólo al IPC es «un compromiso potencialmente muy caro» para un país que envejece tanto y tan rápido.

En 2017, el gasto en pensiones contributivas ascendió en España a unos 135.000 millones. En su análisis, De la Fuente calcula que actualizar esta cantidad al 2% en vez de al 0,25% del IRP supondría un gasto extra del 1,75% de 135.000 millones, esto es, 2.363 millones. En años posteriores, sin embargo, «el incremento extra de las pensiones por encima del 0,25% se consolidaría y habría de seguir pagándose durante toda la vida, actualizándose a su vez con el IRP un año tras otro. Así pues, la decisión de actualizar las pensiones con la inflación un único año generaría un flujo de costes futuros durante el resto de la vida», advierte De la Fuente. Según sus cálculos, el gasto adicional acumulado a precios constantes sería de casi 30.000 millones de euros, o 13 veces el coste inicial. Si la supresión del IRP fuese permanente, y considerando sólo los efectos de la medida sobre la población ya jubilada en 2017, esta cifra se elevaría hasta 327.000 millones a precios constantes de 2018, a lo que habría que añadir el incremento de las prestaciones percibidas por cohortes posteriores de nuevos jubilados.

Más que la cifra concreta de aumento del gasto, que dependerá de la inflación, lo importante para De la Fuente es que «el coste total de cualquier medida en esta línea sería muy superior a su coste inmediato, que es el que se suele calcular y destacar». Por eso, «aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio», remata.