Los bancos podrían volver a actuar con irresponsabilidad

En 2008, la quiebra de Lehman Brothers –originada por los créditos «subprime»– desató el pánico financiero mundial. La Reserva Federal y el Tesoro de los EE UU no estuvieron dispuestos a rescatar al Banco, y esa circunstancia condujo a que la desconfianza sobre la solvencia de las distintas entidades y su nivel de exposición a activos tóxicos retrajera el crédito y secase los mercados interbancarios.

El hecho de que las autoridades financieras estadounidenses no hubieran evitado la quiebra de Lehman Brothers supuso la extensión de una ola de pánico en el sistema bancario, afectando tanto a entidades como a clientes. Esto llevó a que los gobiernos tomasen medidas de protección que supusieran el rescate de cualesquiera otras entidades bancarias insolventes, y la elevación del volumen de depósitos garantizados en los diferentes fondos de garantía de depósitos, para tranquilizar a los depositantes (cuando se llega a garantizar la totalidad de los fondos, los estados se convierten en avalistas del sistema bancario o, lo que es igual, en responsables solidarios de su posible deuda –caso de Irlanda–). En consecuencia, otros bancos en circunstancias análogas fueron rescatados posteriormente y, en general, se facilitó enormemente el acceso a la liquidez del sistema bancario.

La quiebra de Lehman Brothers supuso un mal ejemplo. En una futura burbuja, los bancos podrían a volver a actuar de forma irresponsable, ya que seguirán pensando que los estados no los van a dejar caer. En la actualidad, las declaraciones de los organismos internacionales –como la UE– a favor de que los bancos que se gestionen mal, en un futuro, puedan quebrar y no sean rescatados, pueden quedar de facto en agua de borrajas, ya que a los gobernantes les supone un coste político inferior que los agujeros de los bancos los paguen –en última instancia– los contribuyentes.

Haría falta un criterio general que guiase en qué circunstancias las entidades bancarias –al igual que el resto de las empresas– deben dejarse caer, y cumplirlo. En el mismo sentido, y más importante aún, sería alcanzar la máxima transparencia sobre la situación financiera de las entidades bancarias en las que los clientes van a depositar sus ahorros.

Con un horizonte de salida de la crisis, los activos tóxicos y las malas inversiones de las entidades bancarias seguirán siendo un lastre sobre la fortaleza de la recuperación económica. En España, las entidades que han sido el epicentro de las malas prácticas, cuyos efectos perniciosos tardarán en disiparse, han sido las cajas de ahorros, dirigidas con supeditación a intereses políticos y cuya figura, sorprendentemente, va a perdurar con la ley de cajas y fundaciones bancarias.