Los desequilibrios alientan el euroescepticismo

El desequilibrio presupuestario constituye otra de las principales amenazas que acechan sobre la economía europea. De hecho, dentro de la eurozona sólo Alemania, Luxemburgo y Holanda cerrarán este año sin déficit, según los últimos datos de la Comisión.

Bruselas ya ha advertido a Francia e Italia de sus «desequilibrios excesivos», que también están presentes en Portugal, Bulgaria, Chipre y Croacia. En el caso de España, estos se relacionan con el elevado endeudamiento.

Europa debe apuntalar su recuperación económica, empezar a normalizar la política monetaria y enfrentarse a la brecha económica y social entre países que ha provocado la crisis. Asimismo, tiene que articular medidas para fomentar el empleo y el crecimiento que resulten compatibles con la sostenibilidad de las políticas fiscales.

La crisis ha tenido un efecto demoledor sobre las finanzas públicas de varios países comunitarios. El caso más extremo es el de Grecia, pero también sirven como ejemplo Irlanda y Portugal, que tuvieron que ser rescatados, o España, cuya crisis de deuda obligó a modificar la Constitución y la normativa de estabilidad. «Las dudas sobre la sostenibilidad de la política presupuestaria de un país y la posibilidad de que tenga que ser rescatado si no puede hacer frente al pago de su deuda ponen en cuestión el proyecto de unión económica y monetaria». Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, explica que este problema no es tan acusado cuando se trata de economías relativamente pequeñas en relación a la europea, como Irlanda, Portugal o Grecia. Sin embargo, «España o Italia son lo suficientemente importantes como para desencadenar una crisis sistémica que arrastre al conjunto de economías de la Unión». De ahí, el cambio de postura del BCE y el apoyo explícito que tuvo que dar a la deuda de estos países en el momento en que las primas de riesgo estaban disparadas, amenazando con tener que implementar un rescate.

Pese a los evidentes avances que se han producido en la UE en cuanto a su integración económica se refiere, sobre todo a raíz de la introducción del euro, todavía no existe una integración política, ni una conciencia ciudadana al respecto. Por ello, los ciudadanos de los países denominados financiadores difícilmente estén dispuestos a destinar una parte de sus impuestos a sostener el gasto público de los países más endeudados, ya sea a través de transferencias entre Estados o procedentes del presupuesto comunitario, ya sea indirectamente por la vía de una condonación de la deuda. Así, Álvarez considera que únicamente si los países deudores consiguen trasladar una imagen de rigor y seriedad en la actividad económica y en las cuentas públicas a los países ahorradores se podrá corregir este problema.

El profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo pone como ejemplo el caso de Grecia. En la renegociación de las ayudas que se está realizando durante estas semanas, el FMI considera necesaria una quita en su deuda pública, situada en el 180% del PIB. El problema es que la mayor parte de la misma está en manos de otros países europeos, por lo que el coste de esta quita recaería directamente sobre el bolsillo de los contribuyentes. Y, evidentemente, con las elecciones en Francia, Holanda y Alemania a pocos meses vista, es un problema que la UE no está dispuesta a abordar. Más allá del agravante del déficit y de la deuda, hay otros problemas que contribuyen a deteriorar la imagen de estos países, como la jornada laboral o el sistema de pensiones.

COORDINACIÓN

Álvarez afirma que la política fiscal tiene que coordinarse con la política monetaria, ya que la incongruencia extrema entre estas dos políticas económicas conduce a desastres como el que sufrió Argentina con el denominado corralito hace unas décadas.

Mientras que la competencia de la política monetaria corresponde al BCE, los distintos países miembros son responsables de sus políticas fiscales. En cualquier caso, se requieren unas medidas estrictas de coordinación de las políticas presupuestarias. En la firma del Tratado de Maastricht, en 1992, entre las condiciones de convergencia para acceder al euro se incluyó la sostenibilidad de las cuentas públicas, de manera que el déficit público debía situarse por debajo del 3% del PIB y la deuda pública, en torno al 60% del PIB. Álvarez recuerda que estas reglas de política fiscal se mantuvieron en el Pacto de Estabilidad, aprobado en Dublín en 1997, modificado posteriormente para dotarlo de cierta flexibilidad, en el sentido de vincular el control del déficit con la articulación de políticas en favor del empleo y el crecimiento y la realización de reformas. «Más allá de que se puedan flexibilizar los objetivos anuales de déficit en ciertos supuestos, si la política fiscal de los estados miembros no es sostenible en el medio y largo plazo, no podrá sobrevivir la unión económica y monetaria».