Los despedidos por UGT Andalucía llevan al sindicato a los tribunales

Los trabajadores afectados por los despidos de UGT en Andalucía no están dispuestos a cruzarse de brazos. Además de las protestas en la sede regional del sindicato.

Los trabajadores afectados por los despidos de UGT en Andalucía no están dispuestos a cruzarse de brazos. Además de las protestas en la sede regional del sindicato que han protagonizado en las últimas semanas, han emprendido también una ofensiva judicial.

La sección sindical de UGT-A ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (el TSJA), el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (Sercla) y las audiencias provinciales demandas de conflicto colectivo por los despidos acometidos en los últimos meses, que suman al menos 187. A los que hay que sumar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado a 57 personas, con reducciones que se elevan en algunos casos hasta el 70 por ciento. De los trabajadores despedidos, 28 estaban desarrollando un plan específico de fomento del empleo. El 15 de noviembre, un día después de la huelga general, UGT Andalucía les envió la carta de despido. Otros 130 trabajadores estaban adscritos a otro programa específico de empleabilidad, el «programa Orienta», y cesaron en su actividad el pasado día 9. El resto son 29 trabajadores de estructura del sindicato. De todos ellos, sólo los 29 de estructura han recibido una indemnización superior al suelo que marca la última reforma laboral aprobada por el Gobierno y que tan duramente ha sido criticada por UGT. Concretamente, la indemnización fue, según apunta a LA RAZÓN el secretario general de la sección sindical de UGT, Francisco Serrano, de 25 días y un máximo de 14 mensualidades. La indemnización del resto: 20 días y un máximo de doce mensualidades.

La plantilla ha decidido acudir a los tribunales porque la negociación se ha roto y UGT no pone ningún plan alternativo sobre la mesa. Los afectados sí plantearon para llegar a un acuerdo otra hoja de ruta: subir la indemnización a 33 días y un máximo de 17 mensualidades, pero en ningún momento ha sido escuchada. La guerra judicial se centra en varios frentes. El primero es tratar de desmontar el argumento de UGT-A sobre la debilidad de sus cuentas, debido a los recortes de partidas de la Administración. Por este motivo, adjuntan en las demandas una auditoría encargada a una empresa externa. Según este estudio, UGT cerró 2011 con un superávit de más de 800.000 euros. El saldo en cuentas bancarias superaba los 14 millones de euros y las imposiciones a plazo fijo fueron de 5,76 millones de euros. El sindicato poseía 52 propiedades inmobiliarias a cierre de 2011, además de terrenos valorados en más de 20 millones de euros. Ahora dice que perdió tres millones a 30 de noviembre de 2012.

UGT, sin embargo, esgrime que sólo la deuda que con ellos mantiene la Junta de Andalucía supone un quebranto de 15.839.814 euros.