Los empleados de seguridad amenazan con colapsar Barajas

Los sindicatos convocan una huelga en el aeropuerto del 24 de agosto al 3 de septiembre.

Un nuevo episodio de huelga aérea pondrá en peligro las vacaciones de los viajeros que pasen por el Aeropuerto de Barajas. Tras las protestas de los pilotos y de los tripulantes de cabina de Ryanair, los vigilantes de seguridad del aeropuerto de la capital amenazan con parar del 24 de agosto al 3 de septiembre si no se cumplen las condiciones laborales del convenio. Este posible escenario preocupa a la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), que advirtió ayer en un comunicado que las consecuencias de los paros serían «sumamente negativas», ya que provocarían «el caos en los controles de seguridad, así como pérdidas de vuelos y conexiones a los pasajeros, además de innumerables retrasos en la operativa de compañías».

Es inevitable recordar la situación vivida el pasado verano en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con colapsos y colas interminables en los controles de seguridad por las huelgas del personal de vigilancia. Para que no se repitan las mismas imágenes en el aeropuerto con mayor volumen de pasajeros, Aceta confía en que tanto Aena –adjudicador del contrato de los servicios de seguridad a Ilunion–, como los ministerios de Trabajo, Interior y Fomento «adopten todas las medidas necesarias».

El sindicato profesional de seguridad Alternativa Sindical –el cuarto con mayor representación del sector en España– amenazó ayer con exteder las huelgas a los aeropuertos de El Prat y Santander si no se respeta la mejora de las condiciones de los profesionales de la seguridad privada pactada en septiembre del año pasado entre Fomento, sindicatos y patronal, según informa Efe.

El acuerdo reconocía un plus económico para los vigilantes de seguridad por hora efectiva de trabajo y uso de sistemas de radioscopia y trabajo en las filas de pasajeros que se establecen antes de pasar por los arcos de seguridad. Alternativa Sindical asegura que las empresas adjudicatarias de los servicios de seguridad de los tres aeropuertos se hicieron con contratos que ahora son «incapaces» de asumir.