Los funcionarios de baja cobrarán el 100% del sueldo

Los empleados públicos recuperan un derecho que perdieron en el decreto de 2012 de recortes en las administraciones y que suponía un ahorro de 1.000 millones.

Cojo de iniciativas propias tangibles, como consecuencia de su frágil minoría parlamentaria de 84 escaños, el Gobierno de Pedro Sánchez se agarra a medidas ya aprobadas o pactadas por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy para presentarlas a bombo y platillo como propias. Pero no lo son. Es el caso del anuncio que ayer realizó la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien avanzó el «inmediato restablecimiento» del derecho pleno de los empleados públicos a cobrar el 100% de las retribuciones desde el primer día por incapacidad temporal. En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, para exponer las líneas generales de su departamento, Batet explicó que se trata de eliminar los descuentos en la retribución de los primeros 20 días que se introdujeron en 2012 dentro del real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Los recortes a los funcionarios que introdujo en plena crisis el Gobierno de Rajoy contemplaban la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. Además, se redujeron los días de libre disposición, los llamados «moscosos», y se suprimieron los días adicionales por antigüedad, denominados «canosos», tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares.

La medida, vinculada también a la lucha contra el absentismo, tenía previsto un ahorro de 183 millones en 2012, de 426 millones en 2013 y de 414 en 2014, según el Plan Presupuestario remitido por entonces a Bruselas. Algo más de 1.000 millones, en total.

Sin embargo, a medida que el Gobierno de Rajoy logró ir ajustando las cifras de déficit, se fue abriendo la puerta a que los empleados públicos fueran recuperando los derechos adquiridos.

En este sentido, la supresión del recorte del 50% del salario durante los tres primeros días de baja por contingencia común (enfermedad, maternidad y accidentes no laborales) y del 25% entre el cuarto y el vigésimo día era una medida ya contemplada tras las reuniones entre los agentes sociales y el anterior Ejecutivo. El II Acuerdo para la mejora del empleo público, que los sindicatos del sector público firmaron el pasado 9 de marzo con el Ministerio de Hacienda, ya dejaba la puerta abierta a que las regiones negociaran por su cuenta con los agentes sociales el régimen a aplicar a los empleados dependientes de sus administraciones en casos de baja y levantaba la medida, sin especificar el regreso al 100% del sueldo, para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE).

Batet indicó que espera entregar a las organizaciones sociales un documento «consensuado» a este respecto el próximo 16 de julio, cuando se produzca su primer encuentro con los representantes sindicales. La ministra afirmó que es de «justicia» restablecer esta medida y señaló que no ha querido «esperar un día más» para que el director general de la Función Pública convoque con carácter inmediato a los representantes de los trabajadores con el fin de iniciar las negociaciones. Un diálogo que se pretende cuaje en acuerdos más amplios que los cerrados por el anterior Gobierno en marzo pasado. De hecho, comenzarán a discutirse ya todos aspectos que no estén vinculados a los salarios, como las carreras profesionales de los funcionarios, los planes de igualdad, la conciliación o el horario. Sobre este último punto, los sindicatos de la función pública han reiterado en numerosas ocasiones su intención de aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales. El acuerdo firmado por el anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya recogía que las regiones o ayuntamientos que cumplan con las reglas de deuda, déficit y gasto podían negociar también la jornada semanal de 35 horas.

Sobre los aspectos retributivos de los empleados públicos, Batet remarcó que el compromiso del Ejecutivo socialista será mejorar de forma estable los sueldos de los funcionarios y reducir la interinidad para que en 2020 la tasa de empleo público temporal sea del 8%. Montoro ya pactó con los sindicatos una subida para los funcionarios de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020. En concreto, el alza contemplada es del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB y al cumplimiento del objetivo de déficit de 2020. CSIF, sindicato más representativo de las administraciones públicas, reclama un salario mínimo de 1.200 euros en la AGE.