Los retos mínimos del futuro Gobierno

Los nuevos Presupuestos, que se deberían aprobar cuanto antes, tendrán que reflejar una reducción del gasto público próxima a los 10.000 millones

de euros para corregir los desequilibrios y cumplir con Bruselas

Pese a que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, las carteras del futuro Gobierno se encuentran repletas de deberes. Si bien esta semana ha comenzado la ronda de contactos para formar un Ejecutivo, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha planteado pactar, cuanto antes, al menos un acuerdo de mínimos en el que lo más urgente sería consensuar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y fijar el techo de gasto para la consolidación del déficit.

Cumplir con nuestros compromisos debe ser la máxima prioridad, y Bruselas ya ha activado el mecanismo para sancionar a España por su elevado déficit público. Las autoridades comunitarias reclaman nuevos ajustes ante «la falta de medidas eficaces» y aprobarán, en breve, una nueva senda, con un año más para cumplir el déficit y objetivos del 3,7% del PIB para este año y del 2,5% del PIB el próximo. Más allá de valorar los esfuerzos realizados por nuestro país y asegurar que aplicarán las normas con inteligencia, la multa podría ascender hasta los 2.000 millones –al margen de congelar hasta el 50% de los fondos estructurales–. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que no habrá sanción económica. No obstante, el dictamen habla abiertamente de esa posibilidad.

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO. Los nuevos Presupuestos tienen que reflejar una reducción del gasto público próxima a los 10.000 millones de euros, ya que por el lado de los ingresos no existe mucho margen. Y es que aunque en verano se haga caja, los primeros seis meses del año han sido nefastos para la recaudación, lo que compromete los objetivos de déficit y la política económica en general.

El techo de gasto de la Administración Central debería reducirse en torno al 3%, según Javier Santacruz, economista del IEB. En 2015, fue de 123.394 millones de euros, un 4,4% inferior al del año anterior. Ahora no sólo es que haya que elaborar unos Presupuestos para 2017 que cumplan con lo que manda Bruselas, sino que no habría que solicitar ningún aplazamiento. Caer en la tentación de dilatar los plazos sería pan para hoy y hambre para mañana.

El déficit público español alcanzó el año pasado el 5,1% del PIB, casi un punto por encima del 4,2% que exigía Bruselas para lograr encarrilar el desvío por debajo del 3% en 2016. La CE ha propuesto dar un año más al país para que lo logre. Aun así, son muchos los que discrepan con multar a España, porque ha reducido el déficit un 40% en cuatro años.

Si pronto se aprobaran unos PGE que reflejaran medidas drásticas de reducción del déficit –con bajadas del gasto y aumentos de ingresos–, éste podría situarse en el 5,05% del PIB en enero, según cálculos de Santacruz. En cambio, si las medidas fueran más laxas, incluyendo algún aplazamiento y evitando cualquier bajada del gasto, sería del 5,29%. En el peor de los escenarios –sin aprobar los Presupuestos cuanto antes y sin llevar a cabo controles del gasto–, el nivel del déficit público podría escalar hasta el 5,79% del PIB a comienzos de 2017.

El próximo Ejecutivo se enfrentará al desafío de gobernar mediante acuerdos. Y el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, el desbloqueo de los proyectos y acciones legislativas que hayan quedado en suspenso durante este largo período de interinidad gubernamental y la creación de comités que trabajen en reformas con cierto consenso podrían reforzar la imagen de España en los mercados y la percepción generalizada de que la estabilidad financiera y las bases del crecimiento económico siguen ahí. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Bangor University e investigador de Funcas, piensa que dado que el Gobierno tendrá que operar sin mayorías claras, el avance en las reformas dependerá mucho de la capacidad de diálogo y acuerdo. Y agrega que «no sería nada conveniente revertir las reformas iniciadas. De hecho, hay que avanzar más en ellas. Algunos aspectos críticos como la educación, el modelo energético o la inversión en I+D apenas se han tratado. Queda mucho por hacer».

Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, corrobora que hay que continuar por el camino reformista para consolidar nuestro crecimiento. En concreto, insta a seguir profundizando en la reforma laboral para dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, a acometer una reforma de las pensiones y a continuar con la de las Administraciones Públicas.

Carbó explica que si no se controla el déficit se pierde la confianza externa y, de paso, aumenta el escrutinio y la preocupación de las autoridades europeas. La reputación de los países en el contexto post-crisis se está definiendo en términos de estabilidad y de sostenibilidad, «y mantener déficit y deuda a raya es esencial para lograr ambas cosas». El investigador de Funcas defiende en mayor medida la apuesta por la eficiencia que por la del recorte del gasto, y opina «que los aplazamientos bien razonados y con credibilidad permiten ajustar de forma progresiva en tanto en cuanto se afianza la recuperación. Lo que no cabe es que se aproveche el aplazamiento para incumplir», apostilla.

José María O´Kean, catedrático de Economía aplicada y profesor en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), asevera que la corrección del desequilibrio presupuestario debe ser el reto prioritario para el próximo Gobierno. El déficit origina deuda, la deuda hay que devolverla o refinanciarla, y cuando es muy elevada suele ser a tipos de interés más altos, que suponen más gastos para el presupuesto siguiente y más déficits y más deuda, y así sucesivamente. También señala que el BCE está comprando deuda en el mercado secundario porque espera de España un comportamiento responsable de ajuste del déficit. Y advierte de que si esta predisposición cambia, el BCE dejará de comprar la deuda española, por lo que la prima de riesgo podría dispararse. O´Kean afirma que en el caso de que la economía continúe creciendo y haya un poco de inflación, se podría reequilibrar el desequilibrio sin tocar los gastos. Aunque otra cuestión es que existan muchas partidas –lejos de la Educación, la Sanidad o las pensiones– «que se pueden reducir porque son gasto corriente innecesario con el que se paga el clientelismo político».

Juan Ignacio Crespo, autor de «¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión?», advierte de que entre 2016 y 2017 el sector público español tendría que ajustar 23.000 millones de euros (lo que va de un 5,1% de déficit sobre PIB a un 2,8%), lo que, en su opinión, sólo es posible mediante una mezcla de reducción del gasto y aumento de ingresos. En cualquier caso, le parece muy difícil cumplir en dos años. Máxime, si como parece no hay gobierno efectivo hasta después del verano –el ajuste se quedaría para 2017 casi íntegro–. Crespo alerta de que la proximidad de una posible recesión global no sólo complicará la consolidación del déficit, sino que creará problemas nuevos. Sin embargo, como la crisis será global, «Bruselas tendrá que abrir la mano con todos los países». Aun así, no cree que el nuevo Gobierno deba negociar ningún aplazamiento, porque cada año de retraso en el cumplimiento del objetivo de déficit son cuatro o cinco puntos que se añaden a la deuda acumulada.

Más allá de la consolidación del déficit, existen otros desafíos de importante calado, como crear empleo, garantizar las pensiones, bajar los impuestos, mejorar las políticas de educación, captar inversión o atraer empresas que podrían salir de Reino Unido tras el Brexit. El sector financiero, por ejemplo, se enfrenta al reto de continuar reduciendo su volumen y migrar hacia la digitalización. Pero el nuevo Gobierno, sea del color que sea, deberá asumir que «la banca es como el aceite en un coche. Puede parecer innecesaria, pero es básica». Rafael Martins de Lima, socio director de martinsdelima & partners, resalta que sin banca no hay economía eficiente que genere puestos de trabajo y riqueza.

GARANTIZAR LAS PENSIONESresulta una de las máximas prioridades teniendo en cuenta el problema demográfico en España. El Gobierno ha sacado 8.700 millones de euros de una hucha que se resquebraja. Y es que el fondo de reserva de la Seguridad Social se ha quedado con 25.176 millones de euros, y podría agotarse a finales de 2017.

A pesar de que el Pacto de Toledo se alcanzó para sacar el tema del debate político, continúa perenne. Sin embargo, si no se hace nada para asegurar su viabilidad, el actual sistema de pensiones estará en riesgo. Los expertos piensan que todavía hay tiempo para acometer las reformas necesarias con el fin de adaptarlo a la nueva realidad demográfica. Pero mientras algunos consideran que el sistema de reparto es uno de los principales inventos del siglo XX, otros quieren cargárselo.

Julio Fernández, profesor del IEB, afirma que a día de hoy, «mientras el sistema de financiación siga siendo el mismo, la única alternativa sería no pagar la extra de los jubilados». No cree que sea el momento de debatir las causas, sino de buscar soluciones. «Hemos traspasado el fatídico umbral de dos cotizantes por cada pensionista, lo que provoca que nuestro actual sistema de pensiones resulte insuficiente». El sistema de reparto español muestra signos de agotamiento. Por ello, «el gran reto del nuevo Gobierno es dar viabilidad a un sistema de pensiones digno, generoso y que nos permita vivir con garantías en el último ciclo de nuestras vidas».

Los distintos partidos proponen aceptar una reducción de la pensión media respecto al sueldo medio y compensarlo con ahorro privado, aumentar los recursos públicos con subidas de los impuestos, o reformas que generen empleo y mejoren la productividad. Pero Fernández aboga por dejar a un lado este tipo de iniciativas «paramétricas» y abordar una reforma de calado, adoptando diferentes fórmulas basadas en modelos de capitalización, asegurando una solidaridad intergeneracional, a través de mínimos garantizados, sistemas de revaloración constante para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y la inclusión de cuentas nocionales con el fin de que el trabajador perciba unos ingresos en función de las aportaciones realizadas.

MENOS IMPUESTOS. El nuevo Gobierno debe lograr la suficiencia económica del sistema tributario. Es decir, que la recaudación baste para financiar el gasto público. Y la persistencia del déficit refleja hasta qué punto se trata de un suspenso. Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la AEAT, piensa que si no se logra la suficiencia del sistema, «el déficit público se enquistará en las cuentas de España». E informa de que si no se equilibran las cuentas del sistema público de pensiones, se pone en peligro al propio sistema; de que si no se regula de manera estable la financiación autonómica, España está abocada al permanente conflicto territorial; y de que si no revierte el acoso a la seguridad jurídica del contribuyente, nuestro país dejará de ser en su plenitud un auténtico Estado de Derecho.

Aprobar una rebaja inmediata de impuestos es, según los expertos, uno de los deberes más urgentes. Son muchos los que piensan que la reforma fiscal debería incluir una reducción generalizada de los tipos marginales medios y máximos del IRPF y de los nominales y efectivos en el Impuesto de Sociedades. Ruiz-Jarabo asevera que en España urge empezar a aprovechar inteligentemente las herramientas de la competencia fiscal. Y es que «con impuestos más moderados se facilita la inversión interna, se atrae en mayor medida a la inversión exterior, y se genera más empleo. Todo lo anterior hace crecer las bases imponibles, logrando más recaudación tributaria pese a la disminución de los tipos». En cualquier caso, el también socio director del despacho Carrillo & Ruiz-Jarabo explica que para lograr la suficiencia del sistema es imprescindible abordar una reducción en profundidad del gasto público, lo que no se ha hecho en la última legislatura. «No puede ser que el nivel de gasto público determine el volumen de ingresos –impuestos– que hace falta imponer. La recaudación obtenida es la que debe determinar el volumen del gasto público que nos podamos permitir».

Ruiz-Jarabo opina que la primera reducción impositiva debe consistir en minorar la llamada «brecha fiscal», o diferencia entre lo que cuesta a un empresario contratar a un trabajador y lo que efectivamente percibe éste como salario. Y es que esta brecha encarece y torpedea la creación de empleo, sin aumentar la renta disponible de las familias. De igual modo, el ex director general de la AEAT sostiene que una fiscalidad moderada aumentaría la domiciliación de sociedades y de beneficios societarios en nuestro país, y ensancharía las bases imponibles, lo que compensaría esa disminución.

MÁS PESO EN EUROPA. Tras el Brexit, la economía española pasa a ser la cuarta de la Unión Europea. Así, más allá de la nueva ponderación de voto en las instituciones, «España y sus empresas, protagonistas de importantes operaciones en los últimos años y que continuarán siendo uno de los principales destinos de inversión en el futuro, pueden estar ante una oportunidad clara de establecer relaciones a largo plazo y ampliar el espacio actual de influencia política, económica y cultural». Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), recuerda que en una dinámica que, tradicionalmente, ha girado en torno al eje Alemania-Francia, hasta ahora Londres ejercía en unas ocasiones junto a Francia como contrapeso al poder alemán, mientras que en otras actuaba como aliado de Berlín frente a las posturas proteccionistas francesas, o bien junto al grupo de nórdicos contra la ampliación de presupuestos y la solidaridad con los países del sur. Pero con la desconexión de los británicos, de la ecuación del juego de poder europeo se abre un territorio inexplorado y lleno de profundos cambios en las dinámicas de toma de decisión. Flores piensa que cuestiones como el necesario traslado de la sede de instituciones como la Autoridad Bancaria Europea y la deslocalización de numerosas entidades privadas fuera de Londres ofrecen oportunidades en el ámbito financiero y tecnológico. El experto de Asinver considera que «es momento de que España lidere y acabe con la tradicional posición de dejarse llevar. Una nueva posición central por parte de nuestro país puede servir para explorar nuevos mercados, desarrollar nuevas alianzas, atraer inversores, ganar visibilidad y legitimidad, y asegurar una imagen del país atractiva».

POLÍTICA ENERGÉTICA. El nuevo Gobierno no podrá ignorar la importancia de la política energética, so pena de imponer a los españoles un alto precio en forma de costes y pérdida de oportunidades. Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, recuerda que la política energética es un asunto global, no doméstico, y que ciertas cuestiones trascendentales exigen una preparación a fondo para las negociaciones en la UE, en las que España se juega su posición competitiva y unos elevados costes de oportunidad. «La energía eléctrica sigue siendo cara». Por ello, Mielgo considera necesario acometer, de forma progresiva pero decidida, la eliminación de todas las sobrecargas que hoy distorsionan y encarecen el precio de la electricidad. De igual modo, piensa que es preciso iniciar en pocos años, sin incurrir en errores pasados, el nuevo ciclo de inversión en nueva generación. Y agrega que se debe definir un mix de energía primaria y de generación eléctrica a largo plazo que minimice con sensatez los costes globales.

El presidente de NGC Partners cree que para conseguir estos objetivos tenemos recursos intelectuales y capacidad de trabajo más que suficientes. Sin embargo, matiza que hay tres condiciones necesarias. La primera, una voluntad política real de no dejar que los problemas se eternicen y se agraven, por lo que «los partidos deben actuar responsablemente de una vez y alcanzar un pacto de Estado sobre energía». La segunda, mantener un diálogo constructivo con los sectores productores y consumidores, y con expertos reconocidos. La tercera, jugar bien las cartas que España tiene, «que las tiene y buenas». Mielgo remarca que en política energética España se juega mucho: inversiones eficientes, impactos sobre la industria nacional y sobre las economías familiares (renta disponible), o una posición competitiva a medio y largo plazo. De hecho, el Gobierno en funciones quiere convertir a España en «hub» global del gas, ya que nuestro país cuenta con 7 de las 22 plantas de regasificación de Europa y es el mayor reexportador de GNL del mundo. «Las decisiones en materia energética son irreversibles a corto y medio plazo. Los errores resultan muy caros, y de ello tenemos experiencia reciente. Hay voces que reclaman una política energética más clara. Lo que de verdad necesitamos es una política», apostilla.

CAPTAR INVERSIÓN. Después de la resaca electoral, y una vez despejadas algunas de las incógnitas que suponían auténticas barreras para la entrada de capital en España –como la hipotética llegada de Unidos Podemos al Gobierno–, se presenta la oportunidad de convertir nuestro país en un cobijo de inversión. Si España consigue dotarse de un Ejecutivo estable, con capacidad de continuar en la senda reformista para cumplir con sus objetivos comprometidos, puede transformarse en país refugio de la inversión internacional, dado que el entorno global está repleto de incertidumbres.

Juan Gómez, director de Inversiones de Avantage Fund, asevera que podríamos ser el país beneficiario de la entrada de fondos que salen de mercados de riesgo, y que este escenario es ahora mucho más probable que hace un mes, porque «el resultado electoral ha alejado la amenaza de que haya en España un gobierno liderado por un partido extremista». De igual modo, explica que un pacto de gobierno entre partidos moderados fomentaría la inversión, ya que las leyes que se aprueban con un mayor respaldo político generan más seguridad jurídica.

Para que España pase a ser un destino predilecto de los inversores internacionales, el nuevo Gobierno debería impulsar todo aquello que nos haga ganar en competitividad. También tendría que incrementar la inversión en educación. Sobre todo, en las etapas más próximas al mercado laboral, para que el capital humano se adapte lo mejor posible a las necesidades empresariales.

Otras fuentes consultadas revelan que para recibir grandes inyecciones de inversión habría que implantar una única regulación para el establecimiento de negocios, y demostrar que existen condiciones sagradas para los inversores, lo que, hoy por hoy, no está del todo claro. Teniendo en cuenta que Reino Unido se va a convertir, prácticamente, en un paraíso fiscal, hay que reducir la regulación a mansalva para que, sin pasar a ser la ley de la selva, no se tarden dos meses en constituir una empresa.

Si España no termina de ser un país atractivo para atraer a grandes inversores es porque el riesgo reputacional que corren las multinacionales es enorme. «España no es una republica bananera. La propiedad privada se respeta y los contratos se cumplen, pero el problema es que le falta el punto para ser un foco de capitales. Los directivos de las grandes compañías deberían pagar más de un 50% de IRPF», sostienen expertos consultados.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. . Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, afirma que el próximo Gobierno debería encarar con urgencia esta reforma, dado que las comunidades son las responsables de servicios tan fundamentales como la Educación o la Sanidad. Y es que en España hemos pasado de un sistema centralizado a otro descentralizado, en el que se ha transferido a las autonomías la gestión de los servicios propios del Estado del bienestar.

«El modelo de financiación se adaptó en base a esta premisa con el objeto de garantizar la igualdad de recursos para la financiación de estos servicios públicos básicos. En términos de equidad, no se han conseguido resolver los problemas que se atribuían al modelo anterior por culpa de los mecanismos de nivelación». Pich considera imprescindible definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos. Por lo tanto, «la reforma ha de partir de un acuerdo acerca de cuál ha de ser el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema. Además, la reforma quedará incompleta si no va acompañada de la revisión de la financiación local».

El presidente del Consejo General de Economistas admite que hay un agotamiento del modelo actual, como demuestra que la reforma estaba prevista y al final no se abordó en la última legislatura. Sin embargo, «cuando los ciudadanos no saben lo que tributan ni a dónde van a parar sus impuestos se produce una desafección de quien los gestiona y evidencia que algo está fallando». Como consecuencia de la maraña de impuestos cedidos por el Estado y los tributos autonómicos, a los que hay que sumar los impuestos locales, muchos contribuyentes no saben si su dinero va a parar a las arcas de la Administración estatal, autonómica o local.

España sigue sin resolver la cuestión de la financiación autonómica. En cambio, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha servido para anticipar fondos a las comunidades incumplidoras en un entorno de conflicto casi permanente entre Estado y autonomías –incluso en aquellas cuyos gobiernos tenían el mismo color que el del Gobierno central–. Ruiz-Jarabo avisa de que, en tanto que no reconozcamos que el actual estado de las autonomías resulta económicamente inviable, no habrá sistema o modelo de financiación autonómico bueno. «O los españoles acabamos con un sistema político-institucional financieramente imposible, o dicho sistema acaba con España», remarca.

Pich, por su parte, expone que uno de los principales problemas del sistema de financiación autonómica es que es poco transparente y difícil de entender, lo que provoca tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal. «Debe haber una proporcionalidad entre lo que ingresa y gasta cada comunidad, para lo que es necesario que las reglas del juego sean claras».

Más allá de ser un sistema extremadamente espeso y prácticamente incomprensible, genera un reparto de recursos que mantiene unas diferencias entre comunidades difíciles de explicar. Pich destaca que las autonomías tienen ahora una amplia capacidad normativa en muchos impuestos, pero el hecho de que el 75% de sus ingresos tributarios tengan que alimentar un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales -FGSPF-) –que luego se reparte– las desmotiva a la hora de tomar decisiones relacionadas con sus tributos.

CREACIÓN DE EMPLEO

El paro ha bajado hasta los 3,7 millones de desempleados –la mejor cifra desde septiembre de 2009–, pero el Gobierno aspira a crear dos millones de empleos para el final de los cuatro años previstos para la nueva legislatura y alcanzar los 20 millones de ocupados. Y aunque buena parte de la mejoría experimentada corresponda a la reforma laboral, algunos partidos políticos insisten en derogarla. Del total de parados inscritos en el SEPE, más de la mitad son de larga duración –llevan más de un año sin encontrar empleo–, por lo que Carlos Martínez, director general de IMF Business School, afirma que «este problema sólo se soluciona con unas políticas activas de empleo adecuadas. Hay que formar a este colectivo y darle competencias que realmente demande el mercado de trabajo».

Apenas un 8% de los nuevos contratos han sido indefinidos, como consecuencia de una economía en la que el sector servicios copa el 75% del tejido productivo, por lo que el Gobierno debería fomentar otros sectores que creen puestos de trabajo más estables y duraderos. Aun así, el empleo lo crean los empresarios, no el Ejecutivo, por lo que es fundamental eliminar todas aquellas trabas que persisten.

Martínez opina que la derogación de la reforma laboral y un retorno al marco legal anterior sería contraproducente, ya que se comenzaría a destruir empleo de forma paulatina. Y agrega que «hemos modernizado y adaptado nuestra legislación laboral a las necesidades de las empresas. Una vuelta atrás sería nefasta para atraer inversiones y, con ellas, crear empleo». El director general de IMF Business School piensa que derogar la reforma no debería ser ninguna condición a la hora de formar el nuevo Ejecutivo.

En «La pizarra de José María O´Kean» puede leerse que los contratos deben ser fijos, ya que los temporales impiden la formación de los trabajadores, el uso de las nuevas tecnologías, acumular capital humano, ser productivos y, consiguientemente, imposibilita tener salarios elevados. Además, el también profesor en el IE Business School explica que la dinámica económica actual requiere ajustes permanentes, por lo que el mercado laboral debe tener la suficiente flexibilidad para no atesorar trabajo innecesario y evitar producir un desempleo masivo cada vez que entremos en una recesión.

Carbó también considera necesario mejorar las políticas activas, la formación y el reciclaje porque hay un gran número de trabajadores no cualificados que aún no tienen unas perspectivas claras en el mercado laboral. De forma paralela, sugiere mejorar la inversión en I+D, así como alcanzar un consenso en el ámbito educativo. «Hay demasiado fracaso escolar y un desajuste entre formación y empleo con consecuencias muy negativas a largo plazo».

Martínez piensa que una reforma consensuada por todos los partidos representativos sería un buen comienzo para planificar y desarrollar una adecuada política de educación que permita implementar unos planes a largo plazo, uniformes e iguales para todos, «que son el pilar básico para conseguir futuros profesionales bien formados y con visión global que hagan una sociedad más moderna y próspera». El director general de IMF Business School opina que la evaluación del profesorado es un incentivo bueno para la puesta al día de los formadores, pero «con criterios estrictamente profesionales y no mediatizados políticamente por ningún ente».