El Gobierno se niega a pagar su parte del alza del SMI y dinamita el "sí" de la patronal

El acuerdo entre los agentes sociales para una subida pactada del salario mínimo interprofesional (SMI) parece haberse dinamitado de golpe. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha volado por los aires una de las líneas rojas marcadas por los empresarios: que el incremento del SMI tenga una respuesta acorde a una subida similar en el importe de los contratos públicos.

Montero ha rechazado de plano adaptar las contratas públicas a cualquier acuerdo sobre el SMI porque "no parece lógico que esta subida recaiga sobre las cuentas públicas que pagan todos los ciudadanos. No vamos a aprobar ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando", ha sentenciado la ministra en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de homenaje a Nicolás Redondo Urbieta, en el salón de actos de la sede de UGT, en Madrid.

La patronal CEOE ligó el voto afirmativo de los empresarios al nuevo SMI sólo si va acompañado de una subida similar del importe de los contratos públicos, para compensar el incremento de costes de esas empresas. "El Gobierno nos tiene que confirmar si va a indexar esa subida a los contratos públicos. No puede ser una subida de prácticamente el 45% en el salario y, sin embargo, el Estado no haga lo mismo con sus contratos", defendió su presidente, Antonio Garamendi. Por ello, reclamó que debe implementarse ese margen porque "hay muchísimas pequeñas empresas que dan servicios públicos no sólo al Gobierno, también a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los ayuntamientos, que realmente están asfixiadas".

Una postura que, en este caso, sí que une a empresarios y sindicatos. Hoy mismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado su apoyo a indexar el SMI a los contratos públicos, tras señalar que "tiene todo el sentido" y que no es sólo una reivindicación de CEOE y Cepyme. "Hacienda sabe que UGT está por debatir este asunto, aunque sea con un calendario durante la legislatura", porque "hay que indexar a las contratas los costes que se producen como consecuencia de la negociación colectiva o como consecuencia de la subida de los salarios en los convenios". Álvarez cree que en esta cuestión no hay debate con la patronal porque "en la medida en que no se haga, va a ser muy difícil que luego los trabajadores no sean los paganos. En una contrata, cuando se aprieta a las empresas, las empresas no suelen rebajar beneficio, lo que suelen rebajar son las condiciones de los trabajadores", ha expresado.

Los empresarios ya se negaron a rubricar la anterior subida y, a tenor de esta última negativa, su respuesta será idéntica, máxime cuando ya han advertido que tampoco darán su apoyo si no se respeta lo acordado con CC OO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo de este año, y que recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo, para llegar al 4%, la oferta que ha puesto sobre la mesa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Esa es precisamente la razón aducida por CC OO y UGT para haber rechazado esa propuesta en la primera reunión celebrada, por lo que se mantienen en un incremento por encima del 5%. Además, los sindicatos recuerdan que la decisión "no sólo corresponde a Trabajo", sino que también los ministerios de Economía y de Hacienda "son competentes para marcar las pautas del nuevo SMI". La oferta de los empresarios se queda en el 3%, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría en 1.145 euros mensuales.

En este sentido, Pepe Álvarez ha advertido de que si la CEOE rechaza la oferta del 4%, los sindicatos serán "más exigentes" con el alza que pedirán entonces al Gobierno. "No es lo mismo un salario mínimo pactado con la CEOE, que tendrá un desarrollo muy positivo, que no pactado, que siempre es más complicado de aplicar".