Montoro estudia eliminar la penalización por baja laboral

Las autonomías ya han dejado sin efecto la medida de 2012.

El Ministerio de Hacienda busca fórmulas para acercar posturas con los sindicatos de los funcionarios en la negociación salarial. El Departamento que dirige Cristóbal Montoro estudia hacer un gesto de acercamiento valiéndose del apartado de las bajas por enfermedad. Desde 2012, los empleados públicos reciben un 50% menos de su salario los tres primeros días en que están de baja por contingencia común, un 25% menos desde el cuarto día hasta el vigésimo y recuperan su salario íntegro a partir del vigésimo primer día de ausencia. El recorte se incluyó en el decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó para embridar el entonces desbocado déficit público. Ahora, con las cuentas públicas más saneadas y en plena negociación salarial, Hacienda baraja la eliminación total de este recorte en el periodo de baja, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes inmersas en la negociación. Montoro también se habría mostrado dispuesto a discutir la jornada de 35 horas.

Precedente autonómico

La supresión directa de los recortes no es la única alternativa que el ministerio baraja para dejar sin efecto el decreto-ley 20/2012. Otra posibilidad sería elaborar un amplio catálogo de enfermedades exentas de rebajas de sueldo que, en la práctica, lo convirtiera en inútil, explican las mismas fuentes. Esta es la vía de la que se han servido las comunidades para dejar sin efecto este recorte. Aunque en teoría la reducción de 2012 afectaba a los funcionarios de todas las administraciones públicas del Estado y no sólo de la central, el apartado 5 del artículo 9 del decreto-ley da libertad a cada administración pública para determinar respecto de su personal los supuestos en que, con carácter excepcional y debidamente justificados, se pueda establecer un complemento que permita cobrar al funcionario enfermo el 100% de su salario con independencia de los días que esté de baja. Las autonomías ya han hecho uso de esta salvaguarda para sortear la restricción impuesta por Hacienda y han elaborado catálogos que, en la práctica, eliminan el efecto del decreto-ley. Los únicos que han quedado al margen de este mecanismo son los funcionarios de la administración general del Estado (AGE).

Un acuerdo sobre el recorte salarial por las bajas podría contribuir a distender las negociaciones entre Hacienda y los sindicatos, ahora estancadas. El Departamento de Montoro ha retomado la propuesta realizada el pasado mes de septiembre de subir los salarios un 5,25% en tres años –1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020–, que podría elevarse hasta el 8% si se cumplen los objetivos de crecimiento económico y reducción de déficit. En concreto, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

Aunque CSIF valora de manera positiva el reinicio de la negociación, considera que la propuesta es «insuficiente». Según sus cálculos, desde que comenzó la crisis los funcionarios han perdido un 20% de poder adquisitivo y esta subida, a causa de la inflación, no garantiza que no sigan perdiendo capacidad de gasto en los próximos años. Por ese motivo, el sindicato ha situado el listón de la subida salarial en un mínimo del 10%. Para presionar al Gobierno, CSIF ha convocado una campaña de concentraciones que arrancará el próximo 31 de enero por toda España y que culminará en «una gran manifestación» el próximo 24 de febrero en Madrid.

Sea más o menos elevada, la mejora salarial de los funcionarios está garantizada. Aunque la aprobación de los Presupuestos sigue en el aire, el Gobierno ha garantizado a los sindicatos que en caso de no lograr los apoyos parlamentarios para aprobarlos, aprobaría la mejora vía decreto-ley. La aprobación de esta medida se demorará, no obstante, mientras la negociación de las cuentas se mantenga viva.