El motor europeo, contra las cuerdas por los aranceles de Trump, la invasión china y la sobrerregulación de la UE

Las importaciones masivas de automóviles chinos, los aranceles a las importaciones de coches en los Estados Unidos y las políticas erróneas impuestas por la Unión Europea están poniendo en el punto de mira la viabilidad de la industria europea del motor hasta el punto de que varios de los más importantes grupos automovilísticos están llevando a cabo recortes importantes en sus factorías y reducciones de puestos de trabajo. Es en gran parte la consecuencia de la competencia de los fabricantes chinos, cuya presencia es particularmente acentuada en la UE. Desde hace dos años, Europa es la destinataria de casi el 55% de las exportaciones de coches de diferentes tecnologías del gigante asiático, que han crecido de forma vertiginosa, ya que en 2019 sólo suponían el 1%. Esto supone que China dirige hacia la UE el 40% de sus exportaciones de vehículos eléctricos, mientras que apenas comercia con los EE UU.

Sobre la mesa se ha puesto en numerosas ocasiones la posibilidad de imponer aranceles a los coches chinos y sobre este particular se decantan dos posturas. Es una realidad que los vehículos de las marcas chinas se están vendiendo a veces por debajo de coste y que, en la mayoría de los casos, están fuertemente subvencionadas por el Gobierno de ese país, por lo que compiten con ventaja frente a las europeas. Pero muchos empresarios son partidarios de evitar los aranceles y alcanzar pactos con el gigante asiático, facilitando que sus empresas trasladen cada vez más fases de la producción a Europa y transfieran de esta forma tecnología a los fabricantes comunitarios. No obstante, un estudio presentado por la firma EuropeG no descarta a corto plazo la imposición de determinados aranceles si estas tasas actúan como incentivos para lograr este traslado de producción. En todo caso, el documento ensalza la apuesta por la innovación tecnológica que ha acometido China, que ha sacrificado un elevado volumen de recursos para preservar la competitividad de sus empresas. Un virtuoso proceso que ha provocado que en la actualidad existan en torno a un centenar de empresas chinas produciendo automóviles.

Ya hace años se venía venir esta situación, como lo acredita el diagnóstico realizado por el Informe Draghi, que afirmó que «el sector del automóvil es un ejemplo clave de la falta de planificación de la Unión Europea, así como de aplicar una política climática sin política industrial». El citado estudio realizado por EuropeG constata esta afirmación al asegurar que las autoridades europeas «han establecido exigencias medioambientales a las empresas automovilísticas sin una adecuada concertación con ellas y poco coherentes con el objetivo de la rápida transición hacia el vehículo eléctrico que parecían buscar, habida cuenta de las reducidas bases tecnológicas y productivas con las que se contaba para realizarla». Este documento, titulado «La política industrial europea en la transición hacia el vehículo eléctrico», propone para corregir en parte la difícil situación actual, incrementar los incentivos a los consumidores, ofrecer un apoyo más decidido a la innovación e impulsar las ayudas públicas para mitigar el impacto laboral de esta transición energética.

El informe indica que, hasta ahora, no ha existido una política industrial de alcance comunitario para la extensión de las redes de carga y la producción de baterías, lo que ha supuesto un obstáculo para la transformación de la industria. Además las autoridades europeas establecieron exigencias medioambientales a las empresas automovilísticas sin tener en cuenta las reducidas bases tecnológicas y productivas que existían para impulsar la transición hacia el vehículo eléctrico. Otro de los problemas es la fragmentación regulatoria que ha generado tasas de penetración del vehículo eléctrico muy dispares en Europa. Mientras en Países Bajos esta tasa alcanza el 39%, en España apenas representa el 6%. Países Bajos cuenta con más de 857 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes., mientras que España e Italia cuentan con menos de 75 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes y cuentan con tasas de penetración del 6 y el 8%, respectivamente.

Esta falta de criterio común se repite a la hora de analizar el sistema de ayudas públicas que cada país ha otorgado al vehículo eléctrico. Algunos Estados, como Alemania, las eliminaron hace algún tiempo, mientras que otros solo las mantienen para las flotas de empresas (Países Bajos, Reino Unido y Portugal) y un tercer grupo las condicionan a bajas emisiones durante la producción y el transporte de los vehículos, lo que excluye a muchos vehículos de procedencia china (Francia). La fragmentación regulatoria no sólo retrasa inversiones, sino que también genera confusión entre los consumidores y provoca ineficiencias en los objetivos de descarbonización, Debido a estos condicionantes, la demanda, la producción y las exportaciones de vehículos eléctricos no han experimentado en Europa un incremento tan pronunciado como se esperaba. De hecho, todos estos indicadores mostraron síntomas de ralentización en el pasado año debido a factores como la erosión de la renta de las familias y los altos precios de los vehículos eléctricos, que son entre un 30 y un 50% más caros que los vehículos de combustión.

El conjunto de esta situación plantea la necesidad de aprobar un plan industrial más ambicioso que apueste de forma decidida por la innovación en el sector automovilístico. Un proyecto comunitario que debería incidir fundamentalmente en tres frentes. El primero de ellos sería incentivar la demanda de vehículos eléctricos a través de iniciativas como una red de carga mejor y más extensa, ayudas más claras y rápidas y mayores incentivos a la descarbonización de las flotas de empresas y organismos públicos. Se reclama además un mayor apoyo público a los planes de producción e innovación en toda la cadena de valor –desde las baterías al coche autónomo– y articular ayudas que permitan mitigar el impacto laboral y social que provocará esta transición energética.

En este sentido, el citado estudio valora positivamente el nuevo «Plan de Acción Industrial para el sector de automoción europeo» anunciado el pasado 5 de marzo por la Comisión Europea, que relaja las exigencias de emisiones de CO2 y plantea la necesidad de acelerar la extensión de la red de carga. Un avance que puede suponer «un primer paso en la definición de una auténtica política industrial con respecto al sector». Este año puede producirse un relanzamiento gracias a la llegada de los modelos más económicos, que se van acercando al umbral de los 20.000 euros. Y ello coordinado con el crecimiento de la red de puntos de carga y las nuevas ayudas que está recibiendo el consumidor. Para completar la transición hacia el vehículo eléctrico es necesario que los fabricantes europeos ganen competitividad a través de la innovación tecnológica y reduzcan así la dependencia exterior.