La OCDE pide que se equiparen los despidos de fijos y temporales

En su último informe, la organización apuesta por abaratar el despido para revitalizar el mercado laboral, reducir la elevada temporalidad y que se graven los combustibles más contaminantes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a incidir sobre la falta de eficiencia del sistema fiscal español y sobre algunos aspectos del mercado laboral. En concreto, recomienda a España que reduzca las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social para los trabajadores fijos con los sueldos más bajos y que se apueste por reducir la excesiva temporalidad.

Así lo pone de manifiesto en el documento «Reformas en política económica: hacia el crecimiento», en el que expone sus recomendaciones para cada país. En el caso de España, la OCDE considera que debe conseguirse que los costes de los contratos fijos y temporales para las empresas se igualen, y eso significa luchar contra aquellos que «recurren a los segundos de forma abusiva, sin otra justificación que ahorrarse dinero». En este sentido, constata que la elevada tasa de temporalidad en el empleo incrementa la precariedad de los trabajadores afectados, lo que limita la movilidad laboral y es un factor que acrecienta la pobreza. De hecho, las desigualdades en los ingresos han progresado en España desde el estallido de la crisis en 2007, y se mantienen por encima de la media de la OCDE. Eso se debe en parte a la elevada tasa de desempleo –la segunda más alta de sus 36 países miembros, sólo superada por Grecia– y también al descenso de los recursos y el ahorro por parte de las familias con los ingresos más bajos.

La organización pide revitalizar el mercado laboral y, para ello, se decanta por abaratar el despido con el fin de reducir y encontrar la convergencia –a la baja– entre la indemnización correspondiente a trabajadores temporales e indefinidos, además de perseverar en la lucha contra el abuso de la contratación temporal.

La OCDE considera que todavía quedan mejoras por hacer, como incrementar la productividad variando la carga fiscal hacia impuestos «menos distorsionadores», aumentar la movilidad laboral o expandir la formación profesional, con el fin de «reducir desigualdades e impulsar un crecimiento más inclusivo».

También critica algunas medidas fiscales y cuestiona, especialmente, la existencia de exenciones y deducciones en el impuesto sobre la renta y el IVA que le parecen «injustificadas». Por ello, apuesta por suprimir los tipos reducidos del IVA, a los que considera «regresivos», y por ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta.

Asimismo, recomienda incrementar la carga impositiva para los combustibles contaminantes. Se trata de integrar en el precio las consecuencias que tiene su uso en términos de emisiones de dióxido de carbono –el principal gas responsable del calentamiento climático– y de otros contaminantes. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que el Gobierno mantiene su intención de subir el precio del gasóleo para equipararlo progresivamente al de la gasolina.

En un aspecto más general, plantea a España que elimine las barreras regulatorias que dependen del tamaño de las empresas y las barreras para operar entre autonomías, que limitan el crecimiento, la actividad comercial, y la productividad de las empresas. Asimismo, pide continuar implementando la Ley de Unidad de Mercado e incrementar la transparencia y la cooperación entre las distintas administraciones del país.