Panamá rompió un preacuerdo en diciembre y precipitó la crisis

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) echó por tierra en diciembre la posibilidad de que el problema por los sobrecostes de las obras de ampliación de la vía no se convirtiera en el monumental conflicto en el que ha degenerado. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la ACP llegaron entonces a un principio de acuerdo, que finalmente no se concretó, que incluía nuevos desembolsos por parte de la administración de la vía acuática para que el consorcio pudiera finalizar la obra. Así lo indica un documento al que tuvo acceso Efe, según el cual la ACP finalmente no firmó el preacuerdo supuestamente alcanzado en una reunión celebrada «el 21 de diciembre ante mediadores de Zurich», la firma que tiene asegurado el proyecto hasta por 600 millones de dólares. «El documento, acordado entre ambas partes el día 21 de diciembre ante la aseguradora, debía ser firmado antes del día 28 del mismo mes, algo que la ACP nunca llegó a hacer», según la fuente.

En el principio de acuerdo, la ACP y el consorcio afirmaban que «la solución más conveniente y rápida para finalizar» la construcción del tercer juego de esclusas era que el GUPC siguiera con el proyecto. El gestor de la vía acuática reconocía «que el monto para la finalización de la obra podría incrementarse en base a los reclamos de GUPC por los imprevistos encontrados en la obra», añade el documento.

El preacuerdo reconocía, igualmente, la «incapacidad» de la Junta de Resolución de Conflictos –DAB, por sus siglas en inglés– para tomar decisiones «a tiempo» dada la «complejidad» de los reclamos económicos del contratista. La DAB y un tribunal internacional en Miami son las instancias superiores previstas en el contrato para procesar reclamos económicos que la ACP no reconozca. El GUPC siempre ha apuntado esta lentitud como una de las causas que han propiciado sus problemas de liquidez a medida que los sobrecostes del proyecto crecían.

Como solución, el documento destacaba que la ACP adelantaría dinero al consorcio, que estaría asegurado por el valor de los reclamos pendientes de resolución y se ajustaría en función de las decisiones del DAB. «Es decir, el consorcio no recibiría dinero fuera de contrato, sino tan sólo un adelanto que le permitiera seguir con la obra. A su vez, GUPC se comprometía a aceptar el plan de ACP para la entrega del resto del proyecto», de acuerdo al documento, titulado «El marco de resolución para la finalización del canal».

La ACP aseguró ayer que no hubo tal preacuerdo y que sólo se trató de «un ofrecimiento que hizo el GUPC que no fue acordado porque estaba fuera del contrato, ya que la ACP no puede dar adelantos sin garantías».