Los gA piden al director general de la TGSS, Andrés Harto, que revise la información que se está pidiendo a los autónomos societarios

En la mañana de ayer, el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, mantuvo una reunión con Andrés Harto, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuyo objetivo era poner sobre la mesa los problemas que están llevando a los colaboradores sociales y a los autónomos societarios a no poder, en su gran mayoría, cumplir con el plazo establecido en el RD 504/2022 de 27 de junio, para facilitar la información que requiere el artículo 30 2 b) del mismo, esto es, el 31 de octubre pasado.

Durante estos días ha surgido mucha información, parte de la cual no es correcta, que ha podido producir gran confusión entre los autónomos societarios e, incluso, entre los propios colaboradores sociales (gestores administrativos, graduados sociales, abogados, economistas…). En primer lugar, quisieron dejar claro los gestores administrativos que, hasta la fecha, no se ha modificado el plazo que finalizó el 31 de octubre. Quedó clara la vocación de modificarlo por parte del ejecutivo, como lo demuestra que se ha incorporado una disposición transitoria en el proyecto de real decreto que está en este momento, y hasta el 14 de noviembre, abierto a información pública.

Según afirma Fernando Santiago, “aun cuando se manifieste esa vocación y desde la TGSS quisieran mirar hacia otro lado y no sancionar a los autónomos societarios que han incumplido el plazo establecido, existe la posibilidad de que los inspectores de trabajo decidan imponer sanciones (las que se recogen en el RDL 5/2000 de 4 de agosto sobre el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social) por tal incumplimiento”. “Cuando una norma se incumple de manera masiva, el legislador debe hacer autocrítica y reconocer que algo no ha funcionado bien”, continúa Santiago, “y creo que en este caso existe la autocrítica y la voluntad de hacer cambios”.

Durante la reunión, que sentó a técnicos del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos con los de la TGSS, también se debatió sobre las fuentes de información que ya existen en la Administración y que según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no se debería volver a solicitar información de la que la Administración ya dispone. También intercambiaron opinión sobre aquellos datos que no son necesarios para encuadrar a los autónomos societarios de cara a las cotizaciones según los ingresos reales que estos obtienen, y sobre la forma de realizar el proceso de comunicación que, según los Gestores Administrativos, debe simplificarse o facilitarse.

Ambos equipos han quedado emplazados a trabajar de forma conjunta para que se pueda facilitar la información requerida por la TGSS lo antes posible. En palabras del presidente de los Gestores Administrativos, “nosotros no entramos en la finalidad de la norma sino en su aplicación. De eso sabemos mucho y lo hemos dicho hasta la saciedad: antes de formalizar una norma, y sobre todo una tan compleja como esta, cuenten con la visión de ambos lados de la ventanilla, los funcionarios y los colaboradores sociales. Estaremos siempre dispuestos a ayudar, e intentaremos evitar que unos meses después de la aprobación tenga que aprobarse otra norma para corregir la primera”.

“Una vez más, y ya son muchas, los legisladores han negociado con los agentes sociales el contenido de una norma. Un porcentaje importante reside en negociar la finalidad, donde los Gestores Administrativos no tenemos que estar, pero hay otra parte minoritaria, donde nos encontramos los colaboradores sociales, con la que deberían contar para su puesta en práctica, porque olvidarnos como nos vienen olvidando termina generando malestar a los destinatarios de la norma. Nos encontramos cientos de miles de autónomos desorientados, enfadados y sin saber cómo les va a afectar todo esto,” explica el presidente de los Gestores Administrativos.

“Han puesto encima de la mesa la mayor reforma del sistema de cotizaciones en muchos años y se ha actuado, en mi opinión, con una falta de previsión en cuanto a su implantación”, señala Santiago, que finaliza augurando, que “hoy estamos ante una modificación necesaria de plazo y de gestión (como es el proyecto de real decreto expuesto a información pública), pero habrá más, salvo que nos sentemos definitivamente para aclarar muchos puntos aun en duda”.