¿Por qué es clave la precontratación?

¿Por qué se originó el conflicto entre el taxi y los VTC?

Por una decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2009, su Ejecutivo aprobó la Ley Omnibus y abrió la puerta a la liberalización total de los VTC. Sin embargo, las autonomías, que conceden las licencias de estos vehículos por delegación del Gobierno central, denegaron miles de estos permisos que ahora están concediendo los tribunales.

¿Cuál ha sido el efecto de la llegada de estas miles de licencias?

Que los VTC han pasado de ser una competencia residual a una real para el taxi. En la actualidad hay 65.973 licencias de taxi en toda España, por las 13.125 de VTC, que en el último año han duplicado su número desde las 6.676 que había.

¿Cuál fue la reacción del taxi ante este crecimiento?

Exigir que se regulase más férreamente a los VTC. A su juicio, constituyen una competencia desleal porque, a diferencia del taxi, no se someten a restricciones como los precios, horarios, días libres ...

¿Cómo reaccionó el Gobierno a estas reivindicaciones?

Bajo la dirección de Íñigo de la Serna, el Ministerio de Fomento aprobó un decreto-ley para blindar la ratio de un VTC por cada 30 taxis que recoge el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). Un cambio que, en la práctica, no tuvo ningún efecto porque las licencias VTC concedidas por los tribunales no se podían retirar de circulación, por lo que la ratio es ahora mismo de 1/5 frente al 1/30 que fija la ley.

¿Qué sucedió después?

Que el taxi no cejó en sus reivindicaciones y, con el cambio de Gobierno, arrancó al Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos un nuevo decreto-ley.

¿Qué establece esta norma?

A grandes rasgos, permite a las comunidades autónomas que así lo deseen empezar a legislar ya en materias como horarios, días libres... y les habilita para, en un plazo de cuatro años, conceder una segunda licencia a los VTC.

¿Para que se necesitaría este nuevo permiso?

Para operar dentro de las ciudades. En este momento, los VTC pueden hacer todo tipo de servicios. Sin embargo, dentro de cuatro años, sólo tendrán permiso para prestar servicios interurbanos salvo que tengan la licencia municipal. De ese modo, se logrará restablecer la ratio 1/30 en las ciudades, donde está el verdadero negocio de plataformas como Uber o Cabify.

¿Por qué se concede una moratoria de cuatro años para que las VTC operen como hasta ahora?

Porque Fomento entiende que los que dejen de trabajar en las ciudades sufrirán un daño económico y les da este periodo de gracia a modo indemnizatorio.

¿Cómo reaccionaron las partes a este decreto?

Mal. El taxi cree que cuatro años de moratoria son muchos. Y los VTC aseguran que son pocos y que la imposición de una segunda licencia es una expropiación de uso de la que tienen que debe ser indemnizada. Ya han advertido de que llevarán el asunto a los tribunales. Sus reclamaciones podrían alcanzar los 4.000 millones de euros, según cálculos de su patronal, Unauto.

¿Por qué se ha convertido la precontratación en pieza clave?

Inicialmente, el taxi no había reivindicado que los VTC tuvieran que ser precontratados con un determinado tiempo de antelación. Sin embargo, en las negociaciones con la Comunidad de Madrid y Cataluña lo han convertido en clave. Dado que el periodo transitorio de cuatro años para que los VTC sigan operando en las ciudades parece difícil de mover, el taxi se agarra a la precontratación para limitar su competencia. Aunque el taxi siempre ha asegurado que su objetivo es que Uber o Cabify compitan en igualdad de condiciones a las suyas, lo cierto es que obligar a los VTC a precontratar sus servicios con horas de antelación constituiría una grave asimetría en favor del taxi, que no sólo ofrecería esos mismos servicios sino también los de recogida en la calle, ya vetados a los VTC, y los de precontratación instantánea que hacen Uber o Cabify.