La presión fiscal del Gobierno ahoga a la clase media

Ya nadie duda de que la clase media está en crisis y, buena parte de ella, o va camino de la desaparición o, al menos, de bajar de escalafón. La inflación, la crisis energética, la pandemia, la guerra en Ucrania... y ahora el aumento de la presión fiscal han rematado a millones de familias que ya llegaban con lo justo a final de mes. Tener un sueldo digno y por encima de la media ya no es sinónimo de tranquilidad económica. La presión fiscal ejercida desde Hacienda, que no ha cesado de crecer durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez, ha supuesto el golpe definitivo a unos hogares que han perdido sin freno poder adquisitivo durante el último lustro.

El Gobierno continúa apretando la tuercas de la presión tributaria y ya ha situado a España como el sexto país de la OCDE en los que el peso de los impuestos en relación con la riqueza subió más, ya que la relación entre el peso de los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social con el tamaño de la economía española se incrementó en 1,7 puntos porcentuales, frente al aumento de medio punto porcentual para el conjunto de las economías más desarrolladas. Eso significa que prácticamente triplicó el aumento tributario respecto al resto de países, situando la presión fiscal en el 38,4%, frente al 36,7% del año 2020, superando así la media del 34,1% en la OCDE, donde el peso de los impuestos aumentó desde el 33,6% correspondiente a 2020.

En la misma línea, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) señala que la presión fiscal en España ha alcanzó máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la UE. En términos de «esfuerzo fiscal» –la presión fiscal normalizada en función de la renta–, el porcentaje se eleva hasta los 53 puntos, por encima del promedio europeo. Y en el indicador de presión fiscal normativa –la carga de gravamen al margen de la recaudación que se obtenga– la situación no es mejor, ya que dicho indicador se sitúa en 116,4 puntos, un 16,4% más elevada que la media de la UE y mayor que los 112,8 puntos de 2021 o que los 110,5 puntos del año 2020. La situación de España es también un 16,8% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 99,6 puntos.

Además, la progresividad del sistema fiscal español, que descansa fundamentalmente en el IRPF, grava más a las rentas medias y bajas que a las altas. Así lo determinan los analistas del Esade –Francisco de la Torre (inspector de Hacienda) y Carlos Victoria (profesor de la Universidad Complutense)– en su último informe «Los efectos de la inflación en el IRPF», que han confirmado que, después de que el Gobierno aprobara la subida del mínimo exento de tributación hasta los 15.000 euros anuales, la tributación pasa del 0% hasta esa cantidad a incrementarse en 43 puntos en niveles de rentas bajas. El estudio señala que las rentas más gravadas son las que se encuentran entre 15.000 y 20.000 euros anuales, un tramo que comprende a millones de contribuyentes. Para esos contribuyentes, «de cada euro que ganan por encima de 15.000 euros, un altísimo porcentaje va al IRPF», por lo que los economistas del Esade concluyen que los cambios realizados en el tipo marginal que se aplica en la declaración de la renta han provocado un «comportamiento errático» en las tributaciones. Y lo certifican con un ejemplo: si a un contribuyente con una base imponible de 15.000 euros de su salario le aumentan el sueldo en 1.500 euros –un 10%–, el sistema le retendría 645 euros –con el tipo marginal del 43%–. En cambio, un contribuyente que gane 26.000 euros, con un aumento idéntico del 10%, solo pagaría un tipo marginal sobre ese extra de ingresos en torno al 30%.

«En un contexto de alta inflación, esto implica que los contribuyentes en este tramo no verán apenas actualizado su poder adquisitivo real, porque la mayoría de las subidas se verían afectadas por este elevado tipo marginal», detallan De la Torre y Victoria. Por tanto, con una inflación anual del 8,4% como la que tuvo España en 2022, pasar de 15.000 euros netos a 15.718 euro no cubriría lo necesario para mantener el poder adquisitivo –tendría que alcanzarse los 16.260 euros–. También critican que la obligatoriedad de declarar solo se generalice en 22.000 euros y que, a pesar de todo, «la retención aplicada por defecto sea menor que el impuesto que resultaría en caso de presentar dicha declaración», lo que incita «a no declarar».

El IRPF es el impuesto que más ingresos genera para el sistema fiscal y durante los dos últimos años, a pesar de no haber recuperado aún el nivel en relación con el PIB de 2019, su recaudación ha alcanzado el máximo de la serie histórica, unos ingresos tributarios que, según las previsiones presupuestarias presentadas por Hacienda, seguirán creciendo este año a ritmo de récord.

Las dos últimas reformas del Ejecutivo –la de 2022, activada en 2023, y la 2018–, aprobadas supuestamente para reducir la fiscalidad de las menores rentas, «amortigua el impacto de la inflación en la tributación» de las rentas más bajas, pero «genera distorsiones, asimetrías y situaciones injustas en el IRPF, además de impedir la universalización de la declaración», señala el Esade, ya que permite dos tarifas diferentes, para declarantes y no declarantes, por lo que varios millones de contribuyentes soportan unas retenciones inferiores a la tarifa del IRPF y no tienen obligación de declarar, mientras que otros soportan una fiscalidad tan alta que no les permite enjugar el peso de la inflación. Por ello, reclaman «actualizar el IRPF efectivo de las rentas media y bajas que absorben impactos inflacionarios desproporcionados para aminorarlos» y «reducir la diferencia entre la retención en los ingresos por defecto y el tipo que se derivaría de presentar declaración».