La industria sigue clamando en el desierto. Esta misma semana, más de 70 entidades, patronales y organizaciones representativas de los sectores estratégicos reclamaban al Gobierno que despeje el bloqueo que sufren para acceder a las nuevas fuentes de electricidad, lo que está derivando en una parálisis de la expansión renovable y la lentitud del acceso a energía más barata.

Agrupadas en la Alianza España Verde y Conectada, industrias de sectores diversos pero con el común denominador de ser consumidores intensivos de electricidad, recordaban que España cuenta con una «oportunidad única» en sus recursos renovables para garantizarse un grado suficiente de autonomía estratégica, reforzar su modelo económico, mejorar su competitividad y avanzar en la reindustrialización mediante las transformaciones verde y digital.

Sin embargo, advertían de que las barreras estructurales, como la no disponibilidad de acceso a la red eléctrica, la complejidad administrativa y una fiscalidad energética poco favorable, «impiden el despliegue y desarrollo de proyectos industriales».

Y los datos les dan la razón. En 2024, de los 67 gigavatios de solicitudes de acceso a la red de distribución por parte de la industria, solo 6 GW fueron atendidos según datos de la patronal eléctrica Aelec. Más del 90% de las peticiones fueron denegadas o todavía están pendientes de respuesta.

El resultado, según fuentes del sector, es «una red saturada y un sistema incapaz de dar soporte a la electrificación necesaria» para una economía descarbonizada.

Este déficit en infraestructura no solo limita a la industria instalada. También disuade a nuevos proyectos internacionales de asentarse en España, donde, paradójicamente, los precios mayoristas de electricidad son de los más competitivos gracias a las renovables.

Pero sin acceso real a esas fuentes, las industrias no pueden beneficiarse de esas ventajas y no solo dejarán de crearse miles de nuevos puestos de trabajo, sino que muchos de estos empleos pueden desaparecer.

La clave del bloqueo está en la falta de incentivos adecuados para invertir en redes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se prepara para fijar la nueva tasa de retribución financiera (TRF) para el periodo 2026-2031. Según se ha filtrado, esta se situaría en torno al 6,5%, una cifra muy por debajo de lo recomendado por analistas y del contexto europeo.

Un informe de Goldman Sachs estima que una tasa de retribución adecuada debería alcanzar al menos el 7,3%, considerando factores como el retraso en los pagos y la alta competencia internacional por atraer capital inversor.

Italia, por ejemplo, remunera redes con un 7,4%. Reducir la TRF por debajo del 7,5% supone, de hecho, una pérdida de atractivo para los inversores en redes.

Este embudo no solo pone en riesgo la transición energética, sino también la cohesión territorial y la autonomía industrial de España.

Precisamente, las eléctricas reclaman al Gobierno que haga «crecer la demanda eléctrica en España» para evitar episodios como el del apagón del pasado 28 de abril.

Recuerdan que el fenómeno de las «carreteras vacías» es un riesgo ya que la red tiene que estar en tensión. Y esa tensión hay que aportarla con demanda. «Hay que aumentar el almacenamiento, pero lo que da seguridad es una demanda estable», afirman fuentes del sector.