Rato: «Desconozco de qué se me acusa»

Rato se niega a declarar y denuncia que sufre «medidas cautelares extremas». El juez le volverá a citar cuando Hacienda tenga el informe de lo incautado en su casa y despacho.

Apenas permaneció 20 minutos en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, el tiempo justo para que el ex ministro de Economía y ex presidente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato manifestara al juez Antonio Serrano-Artal que se acogía a su derecho a no declarar hasta no conocer el informe el informe que debe realizar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre toda la documentación incautada en el registro que se practicó en su domicilio y despacho profesional el pasado 16 de abril, día en que fue detenido, y denunciar que se le han impuesto unas medidas cautelares «extremas» y el daño en todos los sentidos que le ha causado la publicidad «del procedimiento desde el primer día». Las medidas cautelares a las que aludía Rato se referían al embargo que pesa sobre todo las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, que sólo podrá levantar si deposita una fianza de 18 millones de euros.

Además, denunció que en estos momentos no sabe exáctamente de qué le acusa la Fiscalía, por lo que pidió, ante esa situación, amparo al juez para que, «de manera inmediata, el Ministerio Público concrete» sus imputaciones, el soporte documental que sirve para esas acusaciones, y, de esa forma, «poder defenderme». Es decir, denunció que, en la situación actual, se encuentra indefenso en el procedimiento. El instructor le volverá a citar una vez esté realizado el mencionado informe. La Fiscalía imputa a Rato cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales.

Rato acudió a los juzgados de Plaza de Castilla en su vehículo, por el garaje de la sede judicial, después de que el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, accediese a la petición que formuló su defensa en ese sentido y para evitar que se pudiesen producir algún tipo de incidente, como sucedió cuando acudió a declarar el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Previamente, un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid avaló igualmente la petición de Rato en un dictamen que remitió al juez decano.

Una vez dentro del juzgado, y en presencia del titular del mismo y del representante de la Fiscalía, el ex presidente del Fondo Monetario Internacional se limitó a señalar que se acogía a su derecho a no declarar porque desconocía los hechos que realmente se le imputaban. No obstante, sí dejó claro su «actitud constructiva y de total colaboración con el juzgado».

Uno de los elementos claves de la decisión de Rodrigo Rato fue la comparecencia del pasado lunes de la inspectora jefe de la ONIF, Margarita García Valdecasas, quien no ratificó el informe sobre «los riesgos fiscales asociados a Don Rodrigo Rato Figaredo y su entorno familiar y societario» que dio origen a la posterior denuncia de la Fiscalía de Madrid, que fue la que, a la postre, derivó en la detención del ex ministro de Economía. En esa comparecencia, García Valdecasas llegó a señalar que el mencionado informe contenía «sospechas o conjeturas tempranas».

Pese a ello, señaló que se encuentra sometido «a medidas cautelares extremas y a un grado de publicidad del procedimiento desde el primer día», desde que fue detenido, «muy grande», lo que le ha causado «graves daños» a su reputación personal, familiar y profesional, «y de todo tipo».

En relación con el informe inicial de la ONIF, en el mismo detallaba los «riesgos asociados a transmisiones del patrimonio» de Rodrigo Rato, con el fin de eludir, presuntamente, sus responsabilidades fiscales «mediante donaciones a miembros de su familia», así como a través de ampliaciones de capital con una sociedad calificada de «opaca», en la que supuestamente se oculta su verdadero titular. También reflejaba «riesgos asociados a estructuras societarias internacionales» y otros riesgos fiscales relacionados con facturas internas para evitar el pago a Hacienda, así como de un intenso tráfico de divisas con otros países, que alcanzaba los 12 millones de euros. Además, denunciaba que Rato tenía «un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales».

El PSOE: que cese la inspectora

Por otro lado, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Saura, exigió ayer el «cese fulminante» de la inspectora jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, por la «utilización partidista» que considera que se está haciendo de la Agencia Tributaria en esta causa.