Rosell impone «mano dura» ante la pasada «impunidad» en la CEOE

La CEOE escenificó ayer su nueva cara «con mayor control y transparencia» tras la aprobación de un código ético y de buen gobierno calificado por Juan Rosell como «fundamental» para la supervivencia de la organización tras el escándalo del ex presidente de la patronal y del Grupo Marsans. Gerardo Díaz Ferrán se encuentra en la cárcel, condenado a pagar los más de 400 millones del agujero de Marsans e inhabilitado por la Justicia durante 15 años.

En presencia de la cúpula de la CEOE, incluido Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña (CEIM), Rosell fue muy duro al manifestar que «ha habido conductas inapropiadas y demasiada impunidad en la organización ante actuaciones irresponsables». La Inspección de Trabajo investiga presuntos pagos en dinero «negro» en una de las empresas del grupo Arturo, propiedad del presidente de CEIM.

Para evitar nuevos escándalos, el código ético desarrolla toda una batería de prácticas para que ninguno de sus miembros –directivos, afiliados y empleados– dañen su reputación y al mismo tiempo denuncien a aquel que pueda ponerla en entredicho.

«Es un código muy necesario. Hemos de ser los primeros en dar ejemplo y en llegar hasta las últimas consecuencias», añadió el presidente de la CEOE. El texto fue aprobado por unanimidad en la junta directiva del pasado 17 de mayo. El nuevo compendio de «valores y pautas», que no será de aplicación hasta el 1 de septiembre, limita a dos los mandatos consecutivos de cuatro años cada uno en la cúpula de la patronal y una reducción de las vicepresidencias de 9 a 5 miembros, en las que se incluye como vicepresidente nato al presidente de Cepyme.

Asimismo, se limitan también los miembros de los órganos de gobierno de la Confederación. Así, la junta directiva, que actualmente cuenta con alrededor de 231 miembros, quedará con un mínimo de 200 y un máximo de 250 personas, mientras que el comité ejecutivo, que cuenta con unas 49 personas, se limitará a una horquilla de entre 40 y 50 miembros. Desde la entrada en vigor del nuevo código, todos sus miembros deberán evitar conductas que, «aún sin violar la Ley», pueda perjudicar la reputación de la organización.

Además, toda persona vinculada a la patronal deberá poner a disposición su cargo «cuando se formule contra el interesado escrito de acusación de la Fiscalía; o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia o intensidad; o cuando contra el afectado se dicte auto de procesamiento». La normativa también incide en las declaraciones públicas de los directivos de la patronal, para que se abstengan de emitir opiniones individuales. En este sentido, el director general de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, pidió ayer «disculpas» a quienes hayan podido sentirse «heridos» por calificar como «excesivos y herencia del franquismo» los cuatro días de baja que el Estatuto de los Trabajadores concede por fallecimiento de un familiar.

De la Cavada aseguró, durante la presentación de un informe de Adecco sobre absentismo laboral, que esos cuatro días se concedieron pensando que los viajes se hacían «en diligencia» y que hoy en día, con los sistemas de transporte actuales, no son necesarios tantos días de baja.