Spanair, el desvarío nacionalista que costó 245 millones públicos

Aquel fatídico accidente del vuelo JK 5022 de Spanair acaecido hace ocho años en el aeropuerto de Madrid-Barajas le costó la vida a 154 personas. Fue sin lugar a dudas el coste más alto que dejó la tragedia. Pero no el único. El accidente marcó también el devenir de la propia aerolínea, que cuatro años y medio después, el 28 de enero de 2012, se declaró en concurso de acreedores. Su quiebra, no obstante, también tuvo un alto coste, aunque éste de tipo económico: 245 millones de euros que costearon los contribuyentes.

Cuando la propietaria de Spanair, la aerolínea sueca SAS, retomó los planes para venderla tras el accidente, el nacionalismo al frente de las instituciones públicas catalanas no se lo pensó dos veces. Creyó que se presentaba una oportunidad inmejorable para crear una aerolínea de bandera catalana, un eslabón más de su cadena secesionista, con la que alimentar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Aunque fuera comprando una empresa que nunca dio beneficios y que ese año perdió 457 millones. Con esta premisa, comenzaron unas negociaciones que cuajaron el 31 de marzo de 2009 con el traspaso por 1 euro del 80% de la compañía a un consorcio, Ieasa, impulsado por el empresario Joan Gaspart y participado por instituciones públicas: como Avançsa, Volcat 2009, Iticsa, Fira de Barcelona, Catalana d’Iniciatives, Turisme de Barcelona y Cimalsa. También estaban el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. SAS se mantuvo como socio industrial para ayudar a sus nuevos propietarios a desarrollar su plan estratégico hasta que encontrase otro aliado en la industria.

Tras buscarlo sin resultado en solitario, en junio de 2011, la dirección encabezada por Ferran Soriano contrató los servicios del banco de inversiones Lazard para buscar un socio. Hubo contactos con Lufthansa, Singapore Airlines y Turkish Airlines. También con Hainan Airlines y, finalmente, con Qatar Airways. Sin embargo, ninguna fructificó. El nuevo inversor no llegaba y los únicos recursos con los que contaba la compañía eran los públicos. Entre 2009 y 2012, cuando cerró, la Generalitat le concedió créditos por valor de 223,9 millones de euros, según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas catalana. Si se contabilizaran los recursos aportados por Fira de Barcelona, en la que participan tanto el Gobierno catalán como el Ayuntamiento de Barcelona, esa cifra alcanzaría los 244,9 millones de euros.

Tan ingente volumen de financiación pública despertó las suspicacias de sus competidores hacia una aerolínea que se sirvió de ese dinero para bajar los precios e intentar competir con las compañías «low cost». Sin el modelo de estas líneas aéreas y careciendo de vuelos de largo radio, los realmente rentables, una política agresiva de precios parecía la única escapatoria para Spanair. Sin embargo, el flujo de dinero público llevó a la asociación de aerolíneas ELFAA, de la que forman parte «low cost» como Vueling o Ryanair, a presentar una denuncia ante el Comisario Europeo de la Competencia por violación de la legislación europea de libre competencia por recibir cuantiosas ayudas sin justificación económica alguna.

La denuncia fue el golpe de gracia para la compañía, muy tocada ya por la llegada a El Prat de Ryanair, en septiembre de 2010. Los precios a partir de entonces se derrumbaron hasta un nivel insostenible para Spanair y sus pérdidas se aceleraron. El 27 de enero de 2012, Qatar Airways, la última bala que le quedaba en la recámara a la dirección de la compañía, anunció que no invertiría en Spanair ante la negativa de la UE a retirar las denuncias por ayudas ilegales de la ELFAA. Esa misma tarde, la Generalitat cerró el grifo y la compañía cesó abruptamente sus operaciones. A las 20.16 horas, informó a Fomento, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aeronáutica, de la suspensión de los vuelos, que se hizo oficial a las 2.00 horas del 28 de enero de 2012. Según trascendió después, la compañía no tenía dinero ni para el combustible.

Con el cierre, quedaron enterrados los 245 millones en ayudas públicas. Los gestores de la aerolínea, no obstante, han sido exonerados de toda responsabilidad en un auto de la Audiencia de Barcelona del 2 de mayo.