Subsidio de desempleo para 114.000 parados más

Trabajo propone a los agentes sociales ampliar las ayudas a los desempleados de larga duración a partir de 52 años, en lugar de los 55 actuales. La medida, a la que CEOE pone reparos, tendría un coste de 1.250 millones, según el Gobierno.

Gobierno y agentes sociales dieron ayer un nuevo impulso a la mesa del diálogo social, una de las cinco abiertas para actualizar las condiciones del mercado laboral. Los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT pusieron sobre la mesa de trabajo cinco puntos en el orden del día, aunque sólo abordaron tres. El principal fue la extensión de las ayudas a los parados de larga duración de más de 52 años, en lugar de los 55 actuales, que tendrá que esperar al próximo día 29 (fecha de la próxima reunión) por las objeciones planteadas por los empresarios. Las patronales pidieron ayer al Ministerio, que según las fuentes consultadas por este periódico, tenía mucha prisa en aprobar el asunto, que, además del subsidio, se les dé a los beneficiarios formación con el fin de reinsertarlos en el mercado laboral y no condenarlos a cobrar un subsidio durante 13 años o que el subsidio pueda ser compatible con algún tipo de actividad laboral.

Según ha podido saber LA RAZÓN, un total de 114.000 personas más podrán beneficiarse de estas ayudas (aquellas que quedaron excluidas en el año 2012 como consecuencia de los recortes presupuestarios), que se sumarán a los 258.000 perceptores actuales. Este acuerdo, que se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, supondrá un desembolso adicional de 1.250 millones anuales, según el Gobierno. En total, serán 372.000 personas las que se beneficiarán de este programa de ayudas a los desempleados mayores y de larga duración.

Paro y mayores de 50 años

El Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio se comprometió antes del verano a presentar a los agentes sociales y a las autonomías un plan para reorientar las ayudas no contributivas, aquellas que se perciben una vez que los beneficiarios han agotado al acabar las prestaciones por desempleo. La medida está orientada a los parados de larga duración, aquellos desempleados que no disponen de otro ingreso y a los más mayores.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de la EPA correspondiente al segundo trimestre, en España hay 893.300 personas de más 50 años en situación de paro en junio de este año. De esta cifra, 388.000 corresponden a trabajadores entre 50 y 54 años. Representan las tercera franja de edad que mas parados aporta a la EPA, por detrás de los de entre 45 y 49 años, y los de entre 40 y 44. La mitad de los parados de entre 50 y 54 años, exactamente 192.700, llevan dos o más años desempleados. Con más de 55 años, la EPA refleja un total de 299.100 de parados que no han vuelto a trabajar desde hace al menos dos años.

El anterior Gobierno propuso en abril ampliar la duración del subsidio a los parados de larga duración con responsablidades familiares desde 30 meses a 72 meses y también ligeramente la cuantía de la prestación, en un intento de unificar en una sola ayuda, la llamada Renta Complementaria de Desempleo (RED), las que correspondía a los planes Prepara, renta Activa de Inserción y Plan de activación de Empleo. En este plan (que no puedo llevarse a cabo por la frontal oposición de los sindicatos y PSOE, que insistían en que los desempleados perdían derechos), un trabajador que perdiera su empleo a los 47 años podría encadenar prestaciones y ayudas hasta alcanzar la edad legal de jubilación, 65 años.

Sobre la mesa de la reunión, Gobierno, empresarios y representantes sindicales trabajaron sobre cinco puntos, según ha sabido LA RAZÓN. La reunión era una más de carácter técnico, que permitió avanzar en algunos aspectos, pero no tenía carácter decisorio. Lo que sí acordaron Gobierno, empresarios y sindicatos fue retomar la extinción del contrato al cumplirse los 65 años, que fue derogada en la reforma de 2012. El otro tema que ha quedado pendiente es el de la subcontratación. Los empresarios ven en esta modalidad una forma de subsistencia de las pymes.