La crisis de las GBU estalla en Navantia

Más de un millar de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) han cortado el tráfico de la autovía A-4 ante el miedo a una posible cancelación del contrato para la construcción de cinco corbetas para la armada de Arabia Saudí.

Sin haber si quiera una confirmación o desmentido oficial, los trabajadores del astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) cortaron ayer la autovía como protesta ante la posibilidad de que Arabia Saudí cancele el contrato de construcción de cinco corbetas que debería iniciarse en unos dos meses. La noticia corrió como la pólvora desde primera hora de la mañana, cuando se aseguraba que el rechazo del Ministerio de Defensa a la venta de 400 bombas a dicho país habría sido el detonante del malestar saudí.

Todo apunta a una nueva rectificación por parte del Ejecutivo socialista, ya que esta misma semana, el departamento que dirige Margarita Robles aseguraba tajante que las bombas no iban a salir de España y se devolvería el dinero. Sin embargo, Defensa evitó pronunciarse ayer y desde el Gobierno se aseguró que la supuesta cancelación de la venta no era más que una «declaración de intenciones» y que la medida debe discutirse en una comisión interministerial y someterse a distintos matices. Y rechazaron que el contrato de las corbetas esté en peligro, algo que contrasta con la versión de los trabajadores de Navantia, que aseguran que «de forma oficiosa, desde la embajada nos dicen que están dispuestos a cancelarlo si Defensa no rectifica».

Este conflicto tiene su origen en 2015, cuando el Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Pedro Morenés, firmó un contrato de venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión guiada por láser «GBU-12». El montante ascendía a 9,2 millones de euros, el cual se pagaría a plazos y la munición se entregaría tras el último pago. Durante estos años, el país saudí ha ido pagando mientras las bombas se guardaban en un almacén del Ejército. El último plazo se hizo efectivo hace unos meses y desde el país árabe se exigió a entrega de las 400 bombas.

Sin embargo, Robles tomó la decisión de paralizar dicha venta ante el temor de que pudieran usarse para bombardear Yemen en el marco de la «Operación Tormenta de la Firmeza y Devolución de la Esperanza» contra los hutíes, tal y como adelantó la Cadena Ser. Fuentes de este departamento confirmaban tajantes que las bombas no iban a salir de España y que se devolvería el dinero. Eso sí, surgía la duda de cómo se lo tomaría Arabia Saudí y si podría afectar al contrato de cinco corbetas que iban a construirse en los astilleros de Navantia en Cádiz.

Se trata de un contrato valorado en 1.800 millones de euros que empezó a negociarse en 2015 y que implica la construcción de cinco corbetas basadas en el modelo «Avante 2200». En concreto, está previsto que el programa arranque en un par de meses y que la primera unidad se entregaría 35 meses después. Un proyecto con el que Navantia calculaba que, durante 5 años, se generarían anualmente cerca de 6.000 empleos directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían directos, más de 1.800 empleados de la Industria Auxiliar de Navantia y más de 3.000 indirectos generados por otros suministradores. En total, el contrato supone más de 7 millones de horas de trabajo para los astilleros. Es la mayor operación de la historia de los astilleros públicos españoles con un país extranjero.

Y por esos 6.000 puestos de trabajo se manifestaron ayer los trabajadores del astillero, que temían la cancelación del contrato. Tal y como confirmó a LA RAZÓN el presidente del comité de empresa de Navantia, Jesús Peralta, «nos ha llegado de forma oficiosa desde la embajada de Arabia Saudí que están dispuestos a cancelarlo si no hay una rectificación por parte de Defensa». Además de exigir la dimisión de Robles, cortaron la autovía y convocaron para el lunes una Asamblea en la que concretarán el calendario de movilizaciones en el caso de que el Gobierno no rectifique. Y al menos por las respuestas que desde el Gobierno iban dando según avanzaba el día, parece que volverán a recular ante la amenaza de los sindicatos.

Una de las primeras en pronunciarse fue la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien presentó en el Congreso el informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa. Dijo que el contrato de las corbetas sigue «vigente» y «en marcha» y que el Gobierno «no va a poner en riesgo la operación», haciendo un llamamiento a la «tranquilidad». Y añadió que «los primeros pagos ya se han producido».

Mientras, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, pidió también tranquilidad y negó un conflicto o crisis diplomática con Arabia Saudí, asegurando que defenderán el contrato y que la polémica se resolverá satisfactoriamente. Eso sí, afeó en cierta manera al Ministerio de Defensa al señalar que la decisión de paralizar la venta no está tomada, rebajándola a «declaración de intenciones». Según explicó, aún ha de discutirse en una comisión interministerial y ser matizada.

Esta es la versión a la que se aferraron tanto el Ministerio de Industria como el de Exteriores, al igual que Navantia, que prefirió no comentar el asunto y se remitió a las palabras de la portavoz. Eso sí, a pesar de que una decisión unilateral de Defensa puede romper el contrato de las corbetas, desde el departamento que dirige Robles evitaron pronunciarse. «Sin comentarios», fue su respuesta.