Un ajuste de 16.000 millones

España necesita recortar 10.000 millones más en gastos e ingresar 6.000 millones adicionales sobre el crecimiento esperado para cumplir con el objetivo del 2,9% de déficit para 2017.

La estrategia fiscal del Gobierno ha permitido reducir el déficit público en más de cuatro puntos del PIB desde la puesta en marcha del plan de Estabilidad 2016-2019. Sin embargo, la dinámica electoral del último año y medio (con comicios autonómicos entre marzo y septiembre de 2015 y las generales de diciembre pasado, reeditadas en junio), la rebaja impositiva y la menor inflación, que tiene un impacto directo en la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos, han frenado el ritmo de reducción del déficit público.

A pesar de que se espera que la deuda pública se reduzca hasta el 96% del PIB en 2019, de los menores intereses devengados por la misma, y de que la previsión es que el déficit primario también se contraiga hasta el 0,8% del PIB este año, con un descenso de seis décimas más en 2017, el último informe de la Autoridad Fiscal ha advertido de que las cuentas públicas cerrarán el año con un desajuste de entre el 4,1% y el 4,7% del PIB cuando deberían hacerlo con un déficit del 3,6%.

En este sentido, los expertos consultados por LA RAZÓN consideran que el Estado deberá hacer un esfuerzo adicional en el control de las cuentas y realizar ajustes contables en las pensiones de viudedad y orfandad, así como seguir acercando los tipos reales a los nominales en el Impuesto de Sociedades. Todo ello sin tocar los bolsillos de las clases medias, por lo que los analistas desaconsejan aumentar la presión del IRPF y el IVA para que el consumo privado siga creciendo.

La estrategia fiscal del Gobierno para las administraciones públicas pasaba por mantener la ratio de ingresos ligeramente por encima del 38% del PIB y una ratio de gasto decreciente en más de 3 puntos de PIB, desde el 43,2% en 2015 al 40,1% en 2019. Hacienda vaticina que podría recaudar alrededor de 7.000 millones de euros con el pago adelantado del Impuesto de Sociedades, pero aún así no será suficiente. Aunque el tipo medio del Impuesto de Sociedades ha aumentado un 93% en la última legislatura completa y el tipo efectivo que pagaron las grandes empresas ha sido el más alto desde 2007, la brecha entre lo que los grandes grupos deberían pagar y lo que realmente pagan aún es demasiado grande.

Éste será uno de los caballos de batalla de la próxima legislatura, si llega a concretarse, porque el Estado necesita más ingresos a marchas forzadas para cumplir con el 2,9% de déficit en 2017, lo que implica una reducción del 3% en el techo de gasto que guiará los próximos Presupuestos Generales del Estado, hasta rondar los 130.000 millones de euros.

El gasto en pensiones es otro de los grandes quebraderos de cabeza para cuadrar las cuentas públicas. El Gobierno se ha visto forzado a tirar de la hucha de las pensiones hasta reducirla a poco más de 24.200 millones de euros desde el máximo alcanzado en 2011 (66.815 millones) y se prevé que el Fondo de Reserva quede casi liquidado a finales de 2017.

La presión demográfica genera una tendencia alcista de la proporción entre el gasto en pensiones y el PIB desde 2013, una situación que se arrastrará al menos hasta 2050, pese a la reforma del sistema de pensiones de 2013. Sus efectos se dejarán notar en 2060, cuando está prevista una moderación del gasto en esta partida de 2,5 puntos porcentuales. Pero, hasta entonces, el Estado se enfrenta a un reto mayúsculo que hace necesario un gran pacto entre los principales partidos.

Ante esta diatriba, los expertos consultados por LA RAZÓN apuestan por un ajuste de las cuentas cercano a los 16.000 millones de euros derivado de la reducción del 3% en el techo de gasto. Todo esto, con un escenario macroeconómico favorable como el actual, con un crecimiento del PIB en el entorno del 3% y una reducción de la presión en prestaciones por desempleo similar a la actual.

Para lograr alcanzar esa cifra, la coincidencia es absoluta en lo que se refiere al capítulo de ingresos: el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades y el nominal (del 25%) deben acercarse, lo que implica eliminar buena parte de las deducciones y beneficios fiscales de los que disfrutan las grandes compañías. «Ningún gobierno se ha comprometido en serio con este asunto y éste no es un problema que deba afrontar el PP en solitario, hace falta un pacto de Estado para que se fije un suelo en Sociedades que alcance el 9,5%. No se debería llegar a los dos dígitos porque tampoco se puede asfixiar a las empresas que más trabajo crean. De esta manera, se recaudarían buena parte de los entre 5.000 y 6.000 millones en ingresos adicionales que son necesarios», explica Miguel Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Similar postura mantiene Javier Martín, profesor de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. «No es necesaria una reforma tributaria, sino dar una vuelta a los beneficios fiscales que no cumplen la función que deben. La presión fiscal en España aún está por debajo de la media europea y hay cierto margen. Según Eurostat, en 2014 alcanzó el 38,6% del PIB y la media europea es del 45,2%. Hay que eliminar incentivos fiscales sin sentido en lugar de tocar el IVA o el IRPF. El problema es que es posible que varios países de nuestro entorno bajen el Impuesto de Sociedades para tratar de captar empresas radicadas en Reino Unido. Este efecto Brexit podría obligar a bajar este tributo para competir», advierte Martín.

Las dudas que genera a Javier Santacruz, profesor del IEB, una recaudación superior a los 6.000 millones por el pago adelantado de Sociedades fuerza a recomponer otros tributos. «Con la incercia del crecimiento actual es posible generar 6.000 millones, pero hacen falta otros tantos y no creo que el pago adelantado de Sociedades dé para tanto, así que será necesario ordenar el IVA, para que se liquiden los ingresos reales, y eliminar deducciones en el IRPF».

Respecto al capítulo de gastos, que implica una reducción de unos 10.000 millones, José Ramón Pin, profesor del IESE, incide en la necesidad de que las pensiones no contributivas pasen a los Presupuestos Generales del Estado, al tratarse de una asistencia social. «Alcanzar los 20 millones de cotizantes serviría siempre que se mantuvieran los salarios reales, pero éstos están cayendo, lo que haría necesario alcanzar los 22 millones de contizantes», afirma. «La solución más viable es aprovechar los bajos tipos de interés para financiar mediante créditos las pensiones. Emitir más deuda, al menos hasta 2017, para no tocar lo que queda del Fondo de Reserva», añade. Santacruz también respalda esta opción: «Los 16.000 millones de déficit de la Seguridad Social se pueden arreglar traspasando a los PGE los 23.000 millones de viudedad y orfandad. Es un ajuste contable sencillo, aunque el problema sea el largo plazo».

A las comunidades autónomas les debería tocar también parte del esfuerzo. Al menos 3.000 millones que no deberían recibir del Sistema de Financiación. «Si a los ayuntamientos se les ha apretado para que que alcancen un superávit superior al 0,5% del PIB, con las regiones debería hacerse igual», remarca Bernal.