Los doscientos mil habitantes de la comarca ilerdense del Segrià, que incluye a la propia capital de la provincia catalana, han vuelto a la situación de confinamiento ante la irrupción de un brote grave de coronavirus, con decenas de contagiados que han precisado hospitalización y seis de ellos en la UCI. La decisión la ha tomado, tras muchas vacilaciones, la Generalitat de Cataluña, en virtud de la legislación sanitaria ordinaria y sin necesidad de recurso alguno a medidas de excepción, como el estado de alarma. Si hacemos esta precisión es, naturalmente, porque desmonta una de las consignas gubernamentales que han constituido el eje de la propaganda del Ejecutivo durante estos últimos meses, con la que se pretendía retratar al principal partido de la oposición y a su líder, Pablo Casado, como epítome de la insolidaridad y el juego sucio.

Nada más lejos de la realidad. Quienes, legítimamente, sostenían que prorrogar el estado de alarma sin atender a otras posibilidades contenidas en la legislación ordinaria era un error, caso de los populares, parece que el tiempo les ha dado la razón. Igualmente, demuestra la virtualidad de las decisiones autonómicas en un Estado descentralizado como el nuestro, que, además, tiene transferidas desde hace décadas las competencias sanitarias. Por supuesto, con esta disgresión no tratamos de restar un ápice de importancia a lo que está ocurriendo en Cataluña y en otras regiones españolas con los brotes de Covid-19, sino denunciar el discurso maniqueo del Gobierno de coalición de izquierdas, siempre en clave de «conmigo o contra mí», del que tuvimos una muestra muy acabada ayer, en La Coruña, con el mitin electoral de Pedro Sánchez, a cuenta de las reticencias del Partido Popular a firmar en blanco las conclusiones de la comisión de Reconstrucción, ni mayores ni peores, dicho sea de paso, que las que han expresado los propios socios de la moción de censura.

A este respecto, la situación de la pandemia, que da muestras, si se quiere menores, de que el maldito virus no acaba de desaparecer de nuestras vidas, incluso, en pleno verano, lo que augura malas perspectivas para el próximo invierno, nos advierten de que es imprescindible llegar a un acuerdo político de gran alcance en el ámbito sanitario. De ello, nos consta, es muy consciente el principal partido de la oposición, que ha puesto al frente del equipo negociador a Ana Pastor, uno de los pesos pesados de la formación y, por cierto, médico de formación, lo que desmiente el cansino victimismo de que hace gala el presidente del Gobierno, con su falsos dilemas. Porque la pretensión de una reforma que restituya competencias al Ministerio de Sanidad, del diseño de una estrategia que refuerce los sistemas de alarma epidemiológica y coordine la logística y las reservas de materiales de protección para el personal sanitario, que es lo que ha planteado el Partido Popular, no creemos que se ajuste, precisamente, a esa interpretación sanchista de que «Casado utiliza la tragedia del virus para tratar de derribar al Gobierno». Más aún, cuando todavía desconocemos cuáles son los planeamientos de futuro del Ministerio del que es titular Salvador Illa, que, ayer, reconoció que su reacción fue tardía, mientras que, por ejemplo, sabemos que en la Comunidad de Madrid se trabaja para la construcción de un hospital de emergencias con el que disponer de las camas de UCI que se consideran necesarias ante un rebrote de la epidemia.

Si de verdad el Gobierno quiere hacer bien las cosas, el camino no está en utilizar el coronavirus para apuntalar la táctica sectaria de la demonización del centro derecha, sino en buscar la colaboración leal con el resto de las formaciones políticas. A lo mejor, Pedro Sánchez descubre que él no es el depositario de la única verdad revelada.