Las cuentas (tramposas) de Podemos

De asaltar los cielos a pisar los juzgados. Con una parada intermedia en La Moncloa, que puede ser minada y acortada por los hechos que ayer se conocieron. Ese, está claro, va a ser el destino de Podemos en los próximos meses. Demasiadas sombras en el proceder de un partido que de asambleario pasó a un rígido organigrama en el que pocas cosas se escapaban a su líder. Un secretario general, Pablo Iglesias, que acumula protagonismo en la crónica judicial. Ahora, del «caso Dina», una enrevesada trama en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apostado por volver al inicio y citar a un testigo que puede ser clave a la hora de decidir si todo fue un montaje, hemos pasado a la última vuelta de cuerda.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido, José Manuel Calvente, por posibles delitos de malversación y administración desleal. A este último, desde Podemos se le despidió con confusas y elaboradas acusaciones de acoso sexual. Otros, sottovoce, hablan de prácticas como subidas de sueldo de hasta mil euros para superar el límite salarial impuesto por la formación. Las confusas tablas salariales de los trabajadores de Podemos, especialmente las de aquellos más cercanos al núcleo dirigente, están en el punto de mira judicial. El magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados. Lo que puede tener a ciencia cierta un largo recorrido también es la decisión del magistrado de imputar también a Podemos –partido político– como persona jurídica en la causa que investiga la financiación de la formación morada. Muchos en el entorno de Pablo Iglesias, además, contienen la respiración ante el rosario de causas ante las que se pueden encontrar en un corto espacio de tiempo.

El juez ha requerido abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras. Por todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado «los primeros 41 minutos y 52 segundos» de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media. Temen en Podemos que esas horas de declaración que desconocen estén trufadas de cuestiones que podrían afectar a la continuidad de sus actuales dirigentes.

Más de uno, dentro y fuera de Podemos, por otro lado, ya está releyendo los estatutos de la formación morada por saber si dicen algo de dimitir cuando se está imputado... Una bandera en la que sus dirigentes se envolvieron pero que ahora parecer ignorar. En su lugar, echan mano de algo tan manido como que «todo forma parte de una difamación mediática». Niegan la mayor, niegan a la Justicia y a los jueces, como también negarán las sentencias. Demasiados ejemplos tenemos. El último, su solidaridad con los condenados del «procés». Ahora, todo forma parte de una campaña orquestada por sus enemigos políticos. Todo para socavar su «prestigio» y desgastarles. No estaría mal que, en vez de agitar de nuevo el espantajo del enemigo exterior, mirasen a sus cuadros y fueran más allá de las palabras y los gestos. A los hechos y al respeto a la Ley.