El Rey no puede ser comodín de Sánchez

Moncloa veta a Su Majestad en plena campaña por ganar el favor de los nacionalistas

Que Su Majestad no presida, como venía siendo habitual, la entrega de despachos a los nuevos jueces, que son quienes administrarán justicia en su nombre y velarán por el cumplimiento de las leyes, puede tener varias explicaciones, incluso de agenda, pero, desde luego, es completamente inaceptable la excusa planteada por el Gobierno en una supuesta incapacidad para garantizar la seguridad de Don Felipe en Barcelona, como si la solemne ceremonia, que reúne a lo más granado del Poder Judicial estuviera bajo una amenaza de carácter terrorista de incalculables consecuencias, lo que no es cierto en absoluto. Aunque sólo sea, porque el acto se va a celebrar y sus organizadores, el Consejo General del Poder Judicial, no han recibido alerta alguna por parte de los responsables del Ministerio del Interior.

Estamos, pues, ante un pretexto banal de La Moncloa que, inevitablemente, abre espacio a todo tipo de especulaciones y justifica el expreso disgusto de las principales asociaciones de la magistratura que, con razón, señalan la sensación de soledad y falta de apoyo institucional que puede embargar a unos servidores del Estado que comienzan su vida profesional bajo estos auspicios. Es, además, evidente, que el veto impuesto a la presencia del Jefe del Estado ha sido una decisión tomada de urgencia, so pena de considerar que la institución que gobierna a los jueces miente, cuando afirma que, en un primer momento, se recibió la contestación afirmativa de la Casa Real a la invitación cursada y más tarde rectificada. Así, la simple exposición cronológica de los acontecimientos recientes, con distintos miembros del Ejecutivo en plena competición por ganarse el favor de los independentistas catalanes y reunir la mayoría necesaria para la aprobación de los Presupuestos, suministra una explicación que, no por vergonzante, es menos plausible que la que ha dado el Gobierno.

El episodio coincide, además, con la intensificación de la campaña contra la Monarquía de Unidas Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, parece obviar su condición de ministro de la Corona, como si carecieran de la menor importancia las disposiciones de nuestro texto constitucional frente al mero condicionamiento ideológico de un profeta rezagado del marxismo. Precisamente, porque existe una campaña contra el modelo de Monarquía parlamentaria, por cierto, exquisitamente democrático, por parte de la extrema izquierda populista y de los partidos independentistas catalanes, es más grave este tipo de gestos que se pretenden apaciguadores para quienes lo que buscan, con los ataques al Jefe del Estado, es la destrucción del modelo de convivencia surgido de la Transición y la fragmentación territorial de España.