España no merece un gobierno a la fuga

Hemos perdido ya la cuenta de las ocasiones en las que desde la oposición, la sociedad civil y la opinión pública se ha exigido la dimisión de Salvador Illa como responsable directo de la nefasta gestión de la pandemia. El ministro-candidato no se ha tomado un minuto en ponderar si el decoro político y sobre todo el balance de su trabajo han alcanzado el mínimo para continuar en su puesto. «He hecho todo lo que he podido». Este ha sido su alegato de defensa frente a los 83.000 muertos reconocidos por el INE, que no por el Gobierno, y los más de dos millones de contagiados. De hecho, la expresión lapidaria justificaría cualquier dislate de todo responsable público. A unas semanas de cumplir el año de la infección, la deriva de la actuación del Gobierno y de su mascarón de proa en esta crisis ha alcanzado cotas rayanas en un descaro insoportable, pues a la incompetencia y la mendacidad de los primeros meses ha sumado un desbordante tacticismo desinhibido y cruel. En pleno estado de alarma, que confiere poderes especiales, el Ejecutivo se ha desentendido hasta abandonar a su suerte a las comunidades autónomas y los ciudadanos. Su renuncia a coordinar y liderar ha quedado aún más en evidencia en estos últimos días de ebullición de la tercera ola, en los que las administraciones regionales improvisan frente a la evolución pavorosa del virus sin que Sánchez, Iglesias e Illa muevan un dedo que no vaya más allá de la retórica y la gestualidad en el caso del ministro, dado que el resto de la terna se ha evaporado a la espera de que escampe. Ayer mismo Salvador Illa debía responder a la demanda de ocho comunidades sobrepasadas por el covid de establecer ya el confinamiento domiciliario, pero se limitó a dar largas, incluida la petición de modificar el toque de queda, con la excusa de cumplir con «todas las garantías jurídicas». Que se aduzca la ley para desatender el socorro urgente es un sarcasmo cruel por parte de una administración que hace de su capa un sayo y que ha desactivado aspectos medulares del estado de derecho como el trabajo y el control parlamentarios, la transparencia de la actividad de gobierno o el ejercicio de derechos fundamentales individuales. Los cálculos políticos del aspirante Illa a la presidencia de la Generalitat y de La Moncloa se han colado como determinantes por mucho que lo desmienta y su presencia en el Ministerio cuando su futuro inmediato se encuentra fuera de él supone un ventajismo doloso. Es una muesca más de este gabinete ausente que ha sometido el interés de la gente a un algoritmo en el que la única variante es su exclusivo beneficio. Ha teatralizado la gestión como si España fuera un decorado y los españoles extras de su producción propagandística cuando el país sufre y llora. Que el presidente siga escondido, que el plasma sea su medio natural, que rehúya el Parlamento y a la prensa independiente prueba hasta qué punto este Ejecutivo bicéfalo supone un problema de salud democrática por encima de todo.