Desgobernanza y caos frente al virus

Otras comunidades siguen los pasos de Castilla y León y delatan al gobierno del caos

Fernando CalvoEFE

El ministro candidato de Sanidad presumía todavía ayer de la interlocución continuada y fluida del Gobierno con las comunidades autónomas y de una capacidad de diálogo y de puesta en común de soluciones para frenar la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos. En realidad, como en tantas otras ocasiones, se jacta de lo que se adolece, en este caso además de forma intencionada y calculada. Si algo ha caracterizado la gestión de Salvador Illa, y del presidente, claro, ha sido la obstinada determinación por imponer más que acordar, por incordiar más que por colaborar y por boicotear más que por aportar al menos en el caso de las regiones dirigidas por el Partido Popular. Incluso después de desentenderse de la crisis hace semanas tras el embeleco de la cogobernanza para que fueran otros quienes padecieran el desgaste. El pleito en el Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar en dos horas la franja de libre movilidad previsto en el decreto del estado de alarma refrenda que esa presunta mano tendida no ha existido, sino que el Ministerio, el Gobierno en suma, ha llegado incluso en su impresentable tacticismo a judicializar su réplica a la actuación de un territorio que hace lo imposible y en soledad para salvar vidas y frenar una escalada intensísima del contagio. Que Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y Canarias estudien solicitar mañana en el Consejo Interterritorial de Salud la modificación del toque de queda para sumarse a la estrategia de Fernández Mañueco deja en evidencia una vez más no solo la palabra de Illa, que ya está amortizada, sino su legitimidad institucional para continuar un día más al frente de la estrategia contra esta excepcional desgracia. Menos todavía mientras la curva asciende imparable y los contagios y los muertos nos advierten de la posibilidad del colapso. La actitud es aún más censurable porque Pedro Sánchez tenía sobre su mesa informes oficiales que manejaban limitar el horario de libre tránsito como una opción adecuada en caso de que la infección multiplicara su avance. Se abrió un pulso en los tribunales contra Castilla y León sencillamente por interés particular y de partido y no por el bien común. Hay que insistir todas las veces que sean necesarias en que el Gobierno y su ministro candidato son en estos momentos un problema de envergadura que resta capacidades para contener la pandemia. Los son por activa y por pasiva. Es esta una administración que se permite toda clase de distracciones y de manejos cortoplacistas en medio de una flagrante dejadez de sus responsabilidades. La movilización de las comunidades de todos los signos políticos para exigir instrumentos y cobertura legal es otro síntoma de la desgobernanza de Sánchez, Iglesias e Illa. Pedir una rectificación parece ya tan obligado como inútil.