Un salto al vacío propiciado por el Gobierno

La euforia con la que buena parte de la población, especialmente, los jóvenes, ha recibido el final del estado de alarma parece obviar el hecho de que la pandemia de coronavirus todavía está entre nosotros, con su cortejo de muertes y graves secuelas físicas en muchos de los afectados, y que la experiencia dicta que la relajación social en la percepción del peligro puede provocar estallidos como el que, guardando todas las distancias, ha sufrido la India. Así, asusta el espectáculo de los botellones callejeros y de las algaradas contra la Policía en las grandes capitales, a los que, con toda seguridad, habrá que añadir en días sucesivos los movimientos de protesta callejeros en aquellas comunidades autónomas que, como en Baleares, pretendan mantener unas restricciones, cuya legalidad es objeto de controversia entre los distintos tribunales de justicia.

Es cierto que asistimos a un proceso de fatiga social, más acusado en unos lugares que en otros, que, inevitablemente, condicionará la respuesta política a la emergencia sanitaria. Pero, también lo es, que el escapismo del Gobierno ha abocado a la sociedad a este salto al vacío, en el que los ciudadanos se arrogan por sí mismos la vuelta a la normalidad. Sin duda, el avance de la campaña de vacunación atenuará las consecuencias de esta actuación, cuando menos, poco responsable de las autoridades gubernamentales, pero el esperado descenso en la letalidad del virus puede no tener correlación con los índices de contagios y el riesgo de que se vuelva a incrementar la presión del sistema hospitalario.

No se trata, por supuesto, de reclamar una reinstauración del estado de alarma, pero sí de que las comunidades autónomas hubieran podido disponer de instrumentos jurídicos adecuados a los distintos escenarios de la pandemia. Porque la patente disparidad de criterios judiciales, –con los tribunales de Canarias y el País Vasco rechazando la legalidad de las medidas restrictivas, mientras otros, como en Valencia, las convalidan entre críticas a la inacción legislativa del Ejecutivo–, lanza un mensaje equívoco a una opinión pública que no acaba de asumir que lo que es bueno en una región no lo sea en otra vecina. Con todo, lo peor es que desde los más diversos sectores se había venido advirtiendo al Gobierno de lo que podía suceder y de la necesidad de proceder a una transición paulatina, medida en los tiempos, desde el estado de alarma a la plena recuperación de la actividad ciudadana sin respuesta alguna.

Es de esperar que, tras estos primeros momentos de euforia por «la liberación», la ciudadanía recupere la prudencia que la situación exige y guarde las medidas de seguridad que se han demostrado eficaces, al menos, hasta que la campaña de vacunación alcance los efectos buscados. Por cierto, que inculcar este principio de precaución en el conjunto de la sociedad, también entraba en las responsabilidades del Gobierno.