El «impuestazo» que ahogará la economía

No es muy exacta la denuncia del Partido Popular sobre la existencia de una «agenda fiscal oculta» por parte del Gobierno, que, en cifras redondas, pretendería incrementar la recaudación impositiva en 80.000 millones de euros. Y no es exacta por la sencilla razón de que ese «impuestazo» ya venía implícito en el memorándum que el Ejecutivo español remitió a la Comisión Europea el pasado mes de mayo, en el marco del Plan de Recuperación, basado en la idea preconcebida y errónea de que todavía existe un amplio margen para igualar nuestra recaudación con la media de los países de la UE.

Sin entrar en la discusión sobre cuál es la presión impositiva real que soportan los contribuyentes españoles, el llamado «esfuerzo fiscal», que, según la OCDE, sitúa a España entre los cinco países de Europa que más impuestos pagan, incluso, por encima de Dinamarca, lo cierto es que la mayoría de nuestro socios van en la dirección contraria, por entender que es conveniente estimular unas economías que han sido duramente castigadas por la pandemia de coronavirus. Pero la agenda política del Gobierno de Pedro Sánchez –que no parece haber variado, salvo en el menor ruido de fondo, con los recientes cambios ejecutados en la parte socialista del Gabinete–, presenta unas exigencias de gasto que, por supuesto, no pueden sostenerse en el continuo crecimiento del déficit público, sólo tolerado de manera temporal por Bruselas. Son compromisos –buena parte de carácter populista y clientelar–, contraídos con sus socios de la izquierda radical, pero, también, con las formaciones nacionalistas que respaldan parlamentariamente al Gobierno y a los que es obligado dar respuesta si se pretende agotar la legislatura.

Y puesto que no entra en los planes del Ejecutivo abordar una reducción del gasto público que, en combinación con las imprescindibles reformas estructurales, relance la economía española y, en consecuencia, lleve a una mayor recaudación fiscal –como demuestra la estrategia de reducción de impuestos de los gobiernos regionales de Madrid y Andalucía, regidos por el Partido Popular–, deviene en inevitable una subida de impuestos, cuyas principales líneas, como hemos señalado al principio, ya han sido comunicadas a las autoridades europeas, y que se hará efectiva para el ejercicio fiscal de 2023. Mantiene el Gobierno que hay margen para incrementar la recaudación. Pero el riesgo de ahogar la economía no es menor, ni mucho menos.