No es bloqueo, es la separación de poderes

Ciertos episodios incalificables de presión sobre los tribunales de Justicia, impulsados desde distintas instancias gubernamentales, enmarcan perfectamente la negativa del Partido Popular a abordar la renovación del CGPJ. Es más, lo que se abre, en línea con las recomendaciones de Bruselas y con el espíritu constitucional, es una oportunidad para reforzar la independencia del Poder Judicial, atribuyendo a los jueces la elección de sus órganos de gobierno, frente a quienes buscan un trasunto de la aritmética parlamentaria, vía cegada por la Comisión de Venecia, en la conformación de los tribunales.

De ahí que resulte impropia la campaña de propaganda del PSOE, denunciando un supuesto secuestro de la Constitución por parte de los populares, cuando se trata de una de las dos formaciones que sostiene a un Gobierno que no ha tenido el menor empacho en nombrar a una fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que no sólo formó parte de un Consejo de Ministros y se volcó en la campañas del partido, sino que ha seguido una política de nombramientos de afines en el Ministerio Fiscal. Con un factor añadido que no es posible despreciar, como es la participación en el Ejecutivo de Unidas Podemos, cuya idea de la separación de poderes, base de cualquier democracia que se precie, está más próxima a las dictaduras de Venezuela o Nicaragua que a los estándares de la Unión Europea.

El espectáculo de ministros del Gobierno criticando acerbamente resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional porque resultaban contrarias a los intereses coyunturales del Ejecutivo o, simplemente, protegían derechos fundamentales de los ciudadanos, debería alertar a la opinión pública sobre una manera de entender la independencia de los jueces desde la filosofía del «uso alternativo del derecho».

Por supuesto, es imprescindible que los dos partidos mayoritarios españoles lleguen a un acuerdo de Estado para esa necesaria reforma de la elección del CGPJ o, cuando menos, acuerden la renovación del citado Consejo desde un ejercicio de neutralidad institucional que sea creíble para el conjunto de los ciudadanos, algo imposible si desde la izquierda gobernante se insiste en candidatos como el magistrado José Ricardo de Prada, que suscita el rechazo y la desconfianza de una parte de la ciudadanía, por su supuesta afinidad con la izquierda.