Un modelo eléctrico para el libre mercado

El decreto confiscatorio del Gobierno que preside Pedro Sánchez, dictado, sin duda, por la presión de las hemerotecas sobre unos partidos, el PSOE y Unidas Podemos, que elevaron al máximo la demagogia con los precios de la luz cuando estaban en la oposición, no sólo supone una quiebra de la seguridad jurídica en España, lo que, de por sí, es muy grave, sino que corre el riesgo de dañar irreversiblemente dos de las fuentes domésticas de generación eléctrica menos contaminantes y más eficaces, como son las centrales nucleares e hidráulicas. Con un problema añadido, que lo que el Ejecutivo plantea como una medida temporal, de cara al próximo invierno, choca con la realidad de que los precios del gas natural y de los hidrocarburos seguirán una tendencia alcista, al menos, hasta 2025, según pronostican los mercados de futuros. Sin descontar, por supuesto, que la Justicia restaure los derechos económicos de las empresas eléctricas y, sobre todo, de los centenares de miles de pequeños inversores que conforman buena parte de su accionariado. La prolongación en el tiempo de estas medidas de excepción –que no abaratan los costes de la energía, sino que buscan reducir la factura de la luz mediante la intensificación intervencionista del mercado– puede suponer la caída en un bucle sin solución de continuidad. Cabe preguntarse cómo ha podido suceder tal despropósito, pero, entre las múltiples respuestas, la más plausible es que nuestros gobernantes han pretendido una jugada del peor estilo por la que trasladan los costes de una política energética fuera de toda lógica económica, regulada hasta la asfixia, a las empresas generadoras, mientras multiplican los ingresos fiscales con la especulación de las penalizaciones a las emisiones de CO2. Y, además, sin plantear un modelo alternativo, siquiera a medio plazo, que amortigüe los enormes costes de un proceso de transición ecológica que aún llevará muchas décadas. Así, mientras en la «verde» Alemania tienen el respaldo de sus centrales de carbón, y en Francia generan el 70 por ciento de la electricidad mediante reactores nucleares, nuestro gobierno castiga a una energía como la nuclear, condenada al desmantelamiento, con los multimillonarios gastos que ello implica, o rompe las reglas de juego en la producción hidráulica, cuyas concesiones de explotación son finitas. Sólo un modelo eléctrico que se adscriba al libre mercado tendrá futuro. Pero en España parece que seguiremos en dirección contraria.