El descrédito político alimenta la psicosis

España dispone de una red eléctrica eficiente que ha dado la talla en los peores momentos de la pandemia, cuando la oleada de contagios por el coronavirus llevó a la máxima tensión a las plantillas laborales, o en una circunstancia tan extraordinaria como fue la tormenta Filomena el pasado mes de enero. En la inmensa mayoría del territorio nacional, los apagones son la excepción e, incluso, en esos pocos casos se deben a causas que nada tienen que ver con la capacidad del sistema eléctrico para generar energía. Por último, las empresas que operan en el sector se encuentran entre las más eficientes del mundo, emplean las más avanzadas tecnologías y, sobre todo, disponen de unos cuadros profesionales altamente cualificados, perfectamente capaces de anticiparse a los problemas que puedan surgir.

La prueba es que las gasistas, que cuentan con una de las redes de regasificación y de distribución de las más complejas de la Unión Europea, ya han incrementado convenientemente sus reservas de gas ante la amenaza al suministro que supone la inestabilidad política en el norte de África. Sin duda, el sistema eléctrico español es mejorable, pero muchas de sus deficiencias, que están provocando la subida de los precios de manera insólita, se deben al exceso de intervencionismo de los poderes públicos en los mercados energéticos y a unas políticas fiscales que distorsionan gravemente los costes de generación eléctrica. Y, sin embargo, frente a esta realidad, que los ciudadanos viven en su día a día, se está extendiendo entre la opinión pública el temor a un gran apagón, que vendría, además, acompañado por un desabastecimiento general de productos de primera necesidad.

Una especie de apocalipsis postpandémico que, pese a la cierta escasez de materias primas provocada por la distorsión económica del confinamiento, está muy lejos de producirse. Las causas de la extensión de este tipo de rumores, capaces por sí mismos de desestabilizar puntualmente las existencias de algunos productos, son variadas, pero, entre ellas, no es posible obviar el descrédito de unas autoridades gubernamentales enredadas en múltiples controversias internas y que han hecho un uso tan excesivo de la propaganda que, en muchos casos, la población ya no es capaz de distinguir entre los hechos y el mero voluntarismo. Una sociedad madura, como la española, que durante la pandemia siguió a rajatabla las instrucciones, muchas veces contradictorias, del Gobierno, no debería caer en este tipo de psicosis a poco que confiara en el buen hacer y en la honradez intelectual de quienes dirigen sus destinos. Pero es evidente que no es el caso. De ahí que lo ocurrido con el mercado eléctrico, inexplicable en términos políticos, sea sólo una muestra de las razones que promueven la desconfianza social, abono de todos los miedos.