Equilibrios sobre el alambre del Gobierno

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que preside José Luis Escrivá, ha confirmado en un memorándum remitido a la Comisión Europea que en la reforma del sistema de pensiones se procederá a alargar el período de cotización de los trabajadores por encima de los 25 años que actualmente contempla la ley. Hay que señalar que ese nuevo cálculo de la vida laboral se estableció en 2011, pero que acabará de entrar en vigor a partir del próximo año. Hasta aquí, poco hay que decir, puesto que el ministro Escrivá no hace más que cumplir con una de las exigencias de Bruselas, vinculadas a la entrega de los Fondos de Reconstrucción, en las que, también, se incluye la reforma del mercado de trabajo. Sin embargo, el problema comienza cuando el tenor de la reforma ni ha sido acordado con los agentes sociales ni, mucho menos, cuenta con el necesario respaldo parlamentario. Es más, los sindicatos de clase, CC.OO y UGT, ya han manifestado su rotundo rechazo a aceptar este nuevo recorte de las pensiones, mientras que los representantes de la patronal, que muestran un escaso entusiasmo, ponen el acento en lo inadecuado de un proyecto que implica la subida de las cotizaciones sociales, que recaerá sobre unas estructuras salariales con los mayores costes fiscales de la OCDE. En realidad, nos hallamos ante un nuevo episodio de funambulismo gubernamental, que reafirma la voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas, de los que dependen las ayudas comunitarias, pero que no tiene garantizados los apoyos para llevarlos a cabo. Por supuesto, con los actuales niveles de desempleo y la caída de los salarios, es prácticamente imposible mantener el actual sistema de pensiones a medio y largo plazo –la Seguridad Social ya tiene una deuda acumulada de 100.000 millones de euros–, más aún, cuando se opera sobre una pirámide poblacional desequilibrada por el fenómeno del «baby boom» de los años 60 del pasado siglo, de ahí que la Comisión Europea venga instando a los gobiernos españoles a que aborden las reformas necesarias. Pero la cuestión es, como está ocurriendo en el caso de la supuesta derogación de la reforma laboral, hasta cuándo podrá seguir manteniendo Pedro Sánchez el tira y afloja con unos socios de Gobierno que consideran una línea roja cualquier recorte del sistema de pensiones, pero que tampoco parecen capaces de ofrecer una solución alternativa válida, que no pase por elevar la presión fiscal a empresarios y trabajadores. Por otra parte, convendría que las comunicaciones oficiales con los distintos departamentos de la Unión Europea, al menos, aquellas con tanta trascendencia social como la que nos ocupa, se hicieran con la máxima publicidad y con comunicación previa a los actores sociales concernidos en las negociaciones, que van de sorpresa en sorpresa.