Opinión

Hacia una causa general contra la Iglesia

Editorial La Razón

No parece que el Parlamento, sin que importe demasiado la fórmula que se elija para conformar la comisión, sea el organismo más adecuado para investigar la pederastia en la Iglesia, a menos que lo que se pretenda sea abrir una causa general contra la Institución, aprovechando unos hechos terribles, sí, pero que en nada alteran la esencia de lo que representa el catolicismo en el conjunto de la sociedad. No en vano, la pederastia es una lacra que prolifera en todos los ámbitos educativos y formativos, incluso, en el mismo espacio familiar, sin que por ello sea dado abrir un proceso inquisitorial contra las organizaciones afectadas.

Es cierto, no es posible negarlo, que el impacto moral y emocional que provocan los casos sucedidos en el seno de una institución que se reputa ejemplar es mucho más intenso que, por ejemplo, si se producen en el mundo del espectáculo, pero, con ser así, no se justifica la campaña de descalificación general de la Iglesia católica, por más responsabilidades, sobre todo, por omisión, que haya contraído. Ni el Parlamento está legitimado para legislar «ad hoc», que sería la única justificación plausible de una comisión investigadora, ni, por la misma regla de tres, se entiende esa limitación autoimpuesta que impide indagar los delitos de pedofilia cometidos fuera del mundo eclesiástico.

Ahora bien, que, más allá de los juicios de intenciones, la vía parlamentaria no sea la adecuada para investigar y, en su caso, resarcir el daño causado por los pederastas en el seno de la Iglesia no significa que éstos deban quedar impunes y sus víctimas desatendidas de la justicia. Toca, pues, a los tribunales incoar las causas que se consideren necesarias, a partir de la función encomendada a la Fiscalía de Menores, y toca a la Conferencia Episcopal Española proporcionar toda la información que exista en su poder, con independencia del tiempo transcurrido, puesto que la prescripción penal no es óbice para, al menos, ofrecer una reparación moral a las víctimas.

Por supuesto, no se trata de remontarse sin límite en el tiempo, pero sí de considerar las circunstancias de quienes sufrieron los abusos y aún viven. Por último, debería la Iglesia arbitrar un fondo económico suficiente para hacer frente a las reparaciones monetarias que se deduzcan de las sentencias judiciales. Y todo ello, como no puede ser de otra forma, con absoluto respeto a las garantías judiciales que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Sólo desde el conocimiento objetivo de los hechos, podrá la Iglesia recuperar el prestigio y la confianza perdidos entre amplios sectores de la sociedad. Porque el empeño en la estigmatización, a modo de culpa colectiva, de la institución eclesiástica por parte de sectores políticos e ideológicos contrarios a la propia religión que representa, poco tiene que ver con la búsqueda de la justicia y la reparación. Es atacar a la Iglesia en el flanco más dolorosamente abierto.