Editorial
Las víctimas no se merecen este Gobierno
Se han adulterado la ley y los reglamentos para encubrir un trato de favor escandaloso a los terroristas
Las víctimas del terrorismo han sido desde siempre el termómetro moral sobre la ejecutoria política de las distintas administraciones convenido social e institucionalmente. Su autoridad moral, su ejercicio de seriedad y responsabilidad, intachablemente democrático, su ardorosa defensa del Estado de Derecho y su repudio de los atajos en la lucha contra las bandas criminales, en los peores trances posibles para una persona, las han conferido esa condición de referente y respeto al que los distintos ejecutivos de la democracia han atendido, cuidado y respetado. Las víctimas, un conglomerado plural, han desarrollado un vínculo desigual en afinidad y cercanía con los sucesivos gabinetes, pero nada, ni por lo más remoto, ha sido parecido a lo de la coalición socialista comunista presente. Nadie había hecho tanto contra los más débiles, pero los más nobles, héroes de la democracia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez los ha dado la espalda para dar la mano y el abrazo a los verdugos por una razón de interés político particular simbolizado en los cinco diputados de EH Bildu y los acuerdos en Navarra y señalados ayuntamientos. Es una verdad terrible, pero verdad. Han tenido que padecer y sufren aún a un ministro del Interior, brazo ejecutor de esta deslealtad continuada, que las ha mentido alevosamente a la cara y que sigue en ello, como refrendó groseramente ayer mismo en el Parlamento, cuando negó el canal directo para negociar los privilegios de los presos etarras descubierto por la Guardia Civil en multitud de correos electrónicos intervenidos. Fernando Grande-Marlaska ha acumulado tantos desaires a las víctimas del terrorismo que es poco probable que sea capaz de sostener sus miradas. Ningún terrorista con delitos de sangre sería acercado al País Vasco, prometió. Hoy, lo están todos, en esa ignominiosa liturgia de cinco reclusos por semana. Sánchez y Marlaska, con la complicidad del Gobierno vasco y el PNV, han adulterado la ley y los reglamentos para encubrir un trato de favor escandaloso y apresurado con que mandar a casa a todos los asesinos, como proclamó Otegi, el socio de La Moncloa, hombre de paz. El fraude político ha sido tal que alguna vergüenza han pasado en la Audiencia Nacional y la Fiscalía hasta el punto de que se ha revertido la libertad de etarras por no pedir perdón ni mostrar arrepentimiento real a las víctimas, sino el paripé de un formulario fake para cumplir el trámite. Es un signo de cierta dignidad, de resistencia incluso a las emanaciones del Gobierno, que confiere un mínimo alivio a las víctimas y cierto respeto a la democracia. Hay una letanía de actuaciones que define una política y a un Gobierno que no merecen las víctimas del terrorismo. Ni por sus sacrificios por la libertad de todos ni por su lucha incansable. Hasta cinco veces ha apoyado el PSOE los homenajes a los terroristas en votaciones con Bildu, la última el pasado martes. Las víctimas se sienten humilladas y solas, pero no se doblegan. Se manifestarán contra el Gobierno el 2 de abril: «No todo vale». Es cierto.
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