Lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, despreció como una protesta minoritaria llevada a cabo por algunos camioneros ultraderechistas se ha convertido en una crisis mayor, con dos de cada tres transportistas españoles sumados al paro, y con las grandes empresas de la alimentación advirtiendo de que tendrán que suspender la producción si no se recupera la normalidad de la cadena de suministros. Pocas veces habrá asistido la opinión pública al espectáculo de un Gobierno que en cuestión de horas, nada más sentarse a negociar, ha conseguido que la mayoría del sector del Transporte se levante de la mesa y se una con entusiasmo a esa «minoría ultraderechista» con la que no merecía la pena hablar.

Y, claro, con las negras perspectivas de que nuevos colectivos de trabajadores, como los conductores de las grúas de auxilio en carretera o los taxistas, igualmente castigados por los altos precios del combustible, se unan al paro, comienzan a oírse las primeras voces que reclaman estados de emergencia o la intervención del Ejército para romper la huelga o, en su defecto, asegurar la cadena de abastecimiento de productos básicos.

Porque, como estamos viendo, ni la ola de detenciones de supuestos piqueteros ni las multas de cinco mil euros que impone el Ministerio del Interior a los camioneros que entorpecen el derecho al trabajo de los demás están teniendo el menor efecto en el ánimo de unos trabajadores que han sufrido un incremento del 55 por ciento en el precio del gasóleo en menos de un año y que, además, padecen como el resto de los españoles las consecuencias de una inflación disparada. Con todo, el mayor problema es que no se vislumbra una salida cercana a esta calamidad de gestión de un Gobierno que parece empeñado, como venimos denunciando, en hacer caja con el IVA y los impuestos especiales mientras pueda, y que lo fía todo a una supuesta benevolencia europea, que, rompiendo las reglas del mercado energético, evite tomar las decisiones que hay que tomar.

Que no son otras que la reducción de las cargas fiscales al gasóleo y a las gasolinas, que es lo que reclaman unos transportistas que, en gráfica expresión, «se arruinan trabajando». La cuestión de fondo, por supuesto, es otra y tiene mucho que ver con las políticas económicas de un Ejecutivo dopado por el déficit público e inmerso en la utopía de que las ayudas europeas de la pandemia, los famosos Fondos de Recuperación, van a ejecutar un milagro, suponemos que laico, con el desfase de nuestras cuentas. De momento, no está ocurriendo así y el propio Ejecutivo ha tenido que reconocer que las cuantiosas inversiones en medidas de promoción del empleo no se han traducido en la mejoría del mercado laboral. Y no siempre se podrá disculpar en los hombros de otros, ya sea la pandemia, ya sea Vladimir Putin.