Editorial

Pragmatismo con el difícil vecino del sur

El viaje institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene, en las actuales circunstancias, una evidente carga política que no conviene desestimar, por más que sean razonables las críticas que desde, prácticamente, todo el arco parlamentario está recibiendo el jefe del Ejecutivo por su negativa a explicar en la Cámara el giro copernicano respecto al conflicto saharaui. Es cierto, también, que no ha prodigado las explicaciones al respecto en sus dos intervenciones en las plazas africanas de soberanía española, pero el gesto, que no pasará inadvertido a la diplomacia marroquí, sirve, al menos, para tranquilizar a nuestros conciudadanos de la otra orilla del Estrecho, que han podido escuchar de los labios del presidente que no hay punto alguno en los acuerdos alcanzados con el reino alauí que suponga cuestionar la integridad de nuestras fronteras nacionales.

Si, además, la distensión con nuestro siempre difícil vecino del sur se traduce en la reapertura de las fronteras terrestres, la reanudación de los intercambios comerciales y, por supuesto, la reducción de la presión migratoria irregular, habremos de reconocer que el pragmatismo de la polémica y complicada decisión ha rendido algunos frutos. En este sentido, las ventajas de la normalización de las relaciones con Marruecos, rotas desde el error cometido con el acogimiento clandestino del líder del Polisario, son evidentes para ambos países y, si se cumplen las seguridades que ha dado el Gobierno de que no se afectará a los acuerdos de suministro del gas argelino, significa la vuelta a la ansiada normalidad.

Sin embargo, es preciso señalar la inquietud que nos causa el empeño del presidente del Ejecutivo y de otros portavoces gubernamentales en rebajar la trascendencia política, histórica y estratégica que, a todas luces, tiene el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española, con referencias inciertas al respeto del marco establecido por el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos parece un error, primero, porque no es así, ya que sigue vigente la exigencia de un referéndum de autodeterminación entre la población saharaui, y, segundo, porque puede llevar a Rabat a desconfiar de la voluntad del gobierno español de mantener la palabra dada, más, si cabe, cuando los propios ministros de Unidas Podemos y las formaciones de izquierda que condicionan la mayoría parlamentaria se han posicionado rotundamente en contra de la decisión.

En este asunto, el PSOE se ha quedado solo y comprendemos su preocupación por las consecuencias electorales, pero se trata de la única salida viable a un conflicto enquistado desde hace casi cinco décadas, y sería un error mayúsculo, que Marruecos no perdonaría, el no llegar hasta el final.