El Gobierno, en su preceptivo informe de primavera ante la Comisión Europea, que actualiza el Programa de Estabilidad, ha reducido las previsiones de crecimiento del PIB en casi tres puntos, del 7 por ciento al 4,3 por ciento, en un ejercicio de realismo laudable, pero que aún lo sería más si se adoptaran las medidas adecuadas para tratar de corregir la situación.

Sin duda, los gurús económicos del Ejecutivo consideran, erróneamente, que una política basada en ayudas públicas, créditos y subvenciones que, al final, salen de los mismos bolsillos, no sólo es suficiente para paliar los efectos más inmediatos de la inflación, sino que, sobre todo, no afectan al incremento sobrevenido de los ingresos fiscales. Aumento que la Agencia Tributaria calcula en un 21,4 por ciento, sólo para los meses de enero y febrero –es decir, antes de que estallara la guerra en Ucrania– gracias al IVA y a los impuestos de hidrocarburos. Por supuesto, los principales afectados, que son los ciudadanos del común, no acaban de estar de acuerdo con la apreciación gubernamental y, como nos informa el INE en su último análisis de la contabilidad nacional, se ha producido una desaceleración económica en el primer trimestre del año en curso, cuyas causas hay que atribuirlas fundamentalmente a la caída del consumo de los hogares, que se contrajo un 3,7 por ciento con respecto a 2021.

O dicho de otra forma, es la primera vez que se produce un descenso tan acusado en este capítulo desde 2020, cuando atravesábamos lo peor de la pandemia. Si tenemos en cuenta que entre las previsiones del Gobierno se contaba con un gran desembalse del dinero ahorrado por las familias durante la crisis sanitaria –que se calculaba en 60.000 millones de euros–, coincidiremos en el hecho de que entre la opinión pública española se ha instalado la desconfianza.

En efecto, las señales no son buenas, con un gasto público desbocado, una presión fiscal de las más altas de la OCDE, la inflación en crecimiento, un mercado laboral que no acaba de recuperarse, las empresas acuciadas por el alza inaudita de las materias primas y, lo que es peor, la fe que ponen las ministras económicas en que Europa no sólo mantendrá la manga ancha del déficit público, también, el año próximo, sino que podremos seguir endeudándonos a bajo precio, porque el BCE no subirá demasiado los tipos de interés. Expresión de deseos que, por supuesto, no tiene en cuenta que la economía española es la que peor se está recuperando de todas las europeas de la crisis de la pandemia y que es muy probable que el resto de los socios decidan no esperarnos.

Pero, como hemos visto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefiere recurrir a Bildu antes que aceptar cualquier negociación sobre las propuestas de alivio fiscal del Partido Popular, que son las única que pueden enfrentarse a esta tormenta económica que tiene todos los visos de convertirse en «perfecta».