El espíritu de Ermua sigue vivo en España

Cuando se cumplen 25 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el juez Manuel García Castellón, el mismo magistrado que dirigió judicialmente la operación de búsqueda y rescate del concejal popular de Ermua, ha dado por concluida una instrucción judicial que, sin duda, pasará a los anales jurídicos no sólo por su vocación restauradora de la justicia, sino porque supone el triunfo de la verdad sobre el falso relato que tratan de imponer los asesinos etarras y sus herederos directos a las generaciones actuales.

No en vano, el magistrado García Castellón, con la inapreciable labor investigadora de la Guardia Civil, ha llevado al banquillo a quienes, más allá de los pistoleros que cometieron el vil crimen, fueron los principales instigadores, los tres jefes terroristas que conformaban el llamado «comité ejecutivo» de la banda, José Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri»; Miguel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza», y María Soledad Iparraguire, alias «Anboto», responsables directos del salto en la estrategia de terror, que buscaba la desestabilización de nuestra democracia.

Porque un cuarto de siglo después, con la izquierda nacionalista vasca y sus cómplices objetivos, algunos en el propio Gobierno de la nación, tratando de cambiar la historia, la Justicia continúa su labor, con la misma abnegación, entrega y sacrificio con que la sociedad española consiguió derrotar al terrorismo etarra. Tal vez sea verdad que las nuevas generaciones, las que nacieron cuando Eta había dejado de representar la mayor amenaza conocida contra las libertades y derechos de los españoles, desconozcan quién fue Miguel Ángel Blanco y lo que supuso su brutal asesinato, a plazos insoportables, para la sociedad de su tiempo, pero la España democrática y libre que hoy conocen, con todos sus problemas, debe mucho a ese movimiento general de una ciudadanía que se rebelaba contra la iniquidad y que dimos en llamar el espíritu de Ermua.

Esa misma ciudadanía que mantiene la memoria y que expresa su indignación y su rebeldía en las urnas, castigando aquellas políticas que tratan de hacernos pasar por lo que nunca fue a caballo de unas leyes inicuas que, para más escarnio, se auto titulan de «memoria democrática». Las sociedades, ciertamente, cambian de piel con el transcurso del tiempo, pero la impronta de lo que fue el terror permanecerá mientras haya gentes malvadas que traten de justificar, comprender o, incluso, apoyar a los asesinos.

De ahí la responsabilidad que contraen ante la sociedad quienes sucedan a este Gobierno, que, como el juez García Castellón, tendrán que luchar por la restauración de la verdad y de la justicia, derogando las leyes que se deban derogar y manteniendo vivo lo que significó el espíritu de Ermua en el ánimo y conocimiento de nuestros más jóvenes.