Legitimidad para recurrir el decretazo

Se esperaba, pecando de ingenuidad, que el Gobierno hubiera recapacitado sobre el decreto de ahorro energético una vez constatada la controversia generada por un articulado de pobreza singular. Las críticas partieron en primer lugar de la oposición, pero con el paso de los días se sumaron administraciones socialistas y nacionalistas y los sectores profesionales afectados. La vicepresidenta Teresa Ribera ha pretendido amortiguar la polémica con la cita de ayer con los consejeros del ramo y estos tal vez han pensado que el Gobierno se habría planteado escuchar y atender no ya las dudas, sino planteamientos que pudieran mejorar el decreto sobre un consenso que respetara las atribuciones competenciales del Estado y los territorios. Quien más quien menos ha pecado de candidez si por un instante había intuido que Pedro Sánchez o Teresa Ribera podrían bajar del pedestal, ser sensibles a las gravísimas dificultades de la sociedad y convenir la rectificación. No ha sido así, sino más bien todo lo contrario. El Ejecutivo se ha sentado con los territorios para proclamar que no tiene intención de mover una coma, que el decretazo está en vigor, que es de obligado cumplimiento para todos y que se atengan a las consecuencias todos aquellos que se deslicen por la insumisión, incluso con la amenaza más o menos velada de un 155. No se ha resuelto duda alguna y sencillamente se han dedicado a un recordatorio de las principales medidas y a despreciar el alcance del enredo. Sánchez y Ribera han buscado un cierre de filas de las regiones socialistas, que se han olvidado de sus peros para someterse a Moncloa, y un choque frontal con los gobiernos populares. Una exhibición de poder absoluto en el que, obviamente, la eficiencia energética, la suma de esfuerzos para contener la factura y cumplir con Europa, poco ha pintado. Al despotismo del presidente y sus ministros, convertido ya en un signo de sus tiempos, también se han añadido la opacidad acostumbrada, pues tampoco se han hecho públicos los estudios o los análisis que había detrás de la relación de prohibiciones del decretazo. Desde las comunidades del PP se ha demandado una reunión urgente de conferencias de presidentes, la convocatoria a los sectores afectados para evaluar el impacto económico y la retirada del decreto antes de que imponga hechos consumados con un impacto severo sobre el bienestar y la prosperidad, además de articular una suerte de estado de excepción coactivo planteado para confiscar activos mediante multas injustificadas. Moncloa lo ha despreciado todo y se ha limitado a exigir y amenazar. La referencia a la solidaridad con Ucrania por parte del Gobierno más derrochador de Europa supone un escarnio. Hay toda suerte de reparos técnicos, económicos, legales, políticos y de seguridad para oponerse a una chapuza de libro, que causa vergüenza, de un gobierno que busca titulares a cualquier precio. La Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad en defensa de sus competencias. Se llama Estado de Derecho contra un fabuloso artefacto de inseguridad jurídica. Los escaparates españoles serán los únicos apagados de Europa. Habla por sí solo.