Impuestos políticos contra el bien común

El pleno del Congreso debatirá la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para crear un nuevo impuesto que grave los beneficios supuestamente extraordinarios de la banca y las empresas energéticas. Nos recuerda la obsesión compulsiva de la izquierda por golpear impositivamente a la economía en general y a los ciudadanos en particular. España es un país que somete a empresas y familias a un severo esfuerzo fiscal en comparación con los socios comunitarios, pero ni socialistas ni comunistas se dan por satisfechos con esa voracidad recaudatoria para sostener sus pulsiones clientelares. La justificación de la izquierda para la enésima vuelta de tuerca a los gravámenes es demandar compromiso a modo de contribución por los presuntos rendimientos especiales cosechados por los bancos y las compañías del ramo a cuenta de las tensiones inflacionistas energéticas y como fórmula de compensación al Estado por haber respaldado con fondos públicos a esos sectores en tiempos de dificultad, lo que no responde a la verdad –el rescate a los bancos lo fue en realidad a las cajas, gobernadas y al servicio de los partidos políticos, y de las energéticas no hay constancia de trato de favor o inyección administrativa– . Esta narrativa es combustible para la propaganda con que fundamentar un ataque a la libertad empresarial y a las capacidades financieras de entidades estratégicas, además por supuesto de perpetrarlo con un mecanismo de dudosísima legalidad que dará paso a un contexto de litigiosidad con los recursos que los perjudicados ya han anunciado y para los que no faltan razones. El relato monclovita se ha aderezado con bulos y difamaciones sobre la participación de bancos y energéticas en los «poderes oscuros» que conspiran contra el Gobierno, como repitió Pedro Sánchez esta semana. Sea como fuere, lo principal, aquello que descalifica la iniciativa de Moncloa, es que se trata de un impuesto, además de arbitrario e ideológico, ilegal por una evidente doble imposición y contrario a la neutralidad y a la debida proporcionalidad fiscal. La desinformación oficial ha ocultado que los bancos han convivido años con tipos negativos y pérdidas, que aportaron 60.000 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos cuando las cajas ineficientes colapsaron, que la mayoría del beneficio empresarial viene del extranjero, el elevado nivel de inversión de las empresas y los números rojos de épocas difíciles. El pernicioso mensaje es que España no es fiable ni fomenta la seguridad jurídica. Se expulsa a la inversión mientras nos dirigimos a una recesión. Moncloa castiga a los que deben crear trabajo y facilitar la actividad con sus créditos en un contexto ya de por sí adverso. El gran beneficiado de la involución impositiva será el erario que exprime Sánchez, al que la inflación ha nutrido excepcionalmente a costa de los españoles, que sufrirán también el nuevo impuestazo, en una suerte, esta vez sí, de ganancias caídas del cielo.