Cataluña, frente al vacío del desgobierno

El último órdago de los socios post convergentes en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, apoyando la delirante pretensión de las asociaciones separatistas de declarar la independencia unilateralmente en el segundo semestre de 2023, no es más que otro episodio de la pugna nada soterrada que mantienen una ERC, al parecer, de vuelta en el posibilismo, y Junts, cada vez más cómoda en su papel de hacer oposición al Ejecutivo autónomo catalán desde dentro. Por supuesto, la enemiga entre ambas formaciones nacionalistas viene de lejos y solo hay que recordar cómo se las gastó la vieja Convergencia a la hora de desgastar a los gobiernos tripartitos de los que formaron parte los republicanos de izquierda.

Entre la mayoría de la opinión pública, y no sólo la del Principado, se da por descontado que la actual crisis, como sucedió con la destitución de la presidencia del Parlament, de Laura Borràs, no cristalizará en una ruptura del ejecutivo de coalición, al menos, hasta que se aproxime el final de la actual legislatura, en 2025, y una vez que las elecciones generales hayan despejado el panorama político nacional. Pero si los intereses cruzados de ERC y Junts ceden ante la realidad de que vale más mantenerse en el poder que romper la baraja, lo que supondría para los ex convergentes perder la influencia pública que ostentan a través de sus consejerías, lo cierto es que con el procés desactivado y en vía muerta, quedan pocos espacios comunes.

El propio hecho de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aliente el acuerdo con las demás formaciones de la izquierda local, como En Comú Podem y las CUP, para elaborar y aprobar, en su caso, los próximos Presupuestos autonómicos, es una forma de marcar terreno ante las exigencias de sus socios. Ahora bien, no cabe duda de que este juego de la tensión, que alcanza igualmente a la Cámara catalana, y con independencia de su resultado, en nada favorece a los intereses generales de los ciudadanos de Cataluña y, por ende, del resto de España, que lo que demandan es una gestión gubernamental más atenta a tratar de resolver los graves problemas económicos y sociales provocados por la pandemia y la guerra de Ucrania que a sus cuitas particulares.

Mucho menos, si en la batalla política vuelven a agitarse las banderas de una secesión unilateral condenada al fracaso, promoviendo el enfrentamiento con las instituciones del Estado y, de paso, la inestabilidad. Parece claro, más allá de las declaraciones retóricas de los dirigentes más caracterizados, que ERC, socio parlamentario preferente del Gobierno de la Nación, no tiene la menor intención de reverdecer el procés, sin que ello le esté suponiendo, para disgusto de Junts, mayor pérdida de apoyos electorales. Ese es, pues, el camino a seguir, el de la distensión y el entendimiento con el Estado, y el que reclama la mayoría social, que no política, de Cataluña.