Ni siquiera Sánchez se cree los presupuestos

Comenzó el debate en el Senado con los ecos de la demoledora intervención de la presidenta de la Airef, Cristina Herreros, ante la comisión presupuestaria del Congreso. De ahí, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera en el cara a cara con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que el escenario económico es de extrema incertidumbre, aunque, eso sí, asegurando que tenía una suerte de «plan B». Pero la réplica del líder popular le venía prácticamente dada, solo con presentar los análisis de los distintos organismos reguladores del Estado, que aconsejan al Gobierno que devuelva las cuentas públicas, las rehaga de acuerdo a las previsiones reales de crecimiento y cuente con los expertos independientes para acordar las medidas más adecuadas y que los ciudadanos puedan sobrellevar la crisis.

Fue, en efecto, lo que planteó el presidente popular, cuya formación ya ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a unos PGE que, como abundó la presidenta de la Airef, han nacido viciados, presentan deficiencias técnicas graves y, sobre todo, no son realistas. Es más, de los dos escenarios posibles que el Ejecutivo remitió a Bruselas, uno menos malo y el otro, peor, Cristina Herreros no se anduvo con rodeos y aconsejó que se olvidara de la primera hipótesis y comenzará a trabajar con la más que probable realidad de que la situación económica general, arrastrada por los costes de la energía, van a obligar a mantener las medidas paliativas, lo que, en román paladino, supone que el gasto público se elevará más de un 7 por ciento, muy por encima de las recomendaciones de la Comisión Europea.

Que los Presupuestos para 2023 no eran más que un ejercicio de voluntarismo en un año electoral fue, desde el principio, una certeza entre la opinión pública española, consciente de que el pomposamente glorificado «gasto social» iba a recaer sobre los bolsillos de los contribuyentes, pero con un problema añadido, que los organismos supervisores de las cuentas públicas advierten a las claras de que la previsión de ingresos es totalmente insuficiente, es decir, que tendrá que cubrirse con más déficit o, muy probablemente, con un mayor incremento de la recaudación fiscal, calculado, a día de hoy, en más de 20.000 millones de euros.

Una presión impositiva que recaerá sobre las clases medias, que es el yacimiento fiscal por antonomasia, en España y en la mayoría de las economías occidentales, pese al reduccionismo del mensaje «que paguen los ricos». Al final, la cuestión es que no podrá argumentar el inquilino de La Moncloa que no fue puesto sobre aviso. Porque no hablamos de un rechazo político a las cuentas públicas, que estaría dentro del guion en una democracia parlamentaria, sino de las advertencias de unos órganos del Estado, que están cumpliendo su exacta función.